Agua pasada no mueve molino

Esta semana el Govern de la Generalitat ha informado a la ciudadanía de la liquidación del presupuesto del año 2024 y lo ha hecho a toda página en este periódico y en otros. Se trata sin duda de un loable ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas que nos permite saber que en Catalunya existe un superávit corriente de 338 millones de euros, que el déficit sobre el PIB es del 0,41%, que el período medio de pago a los proveedores es de 27 días, que el grado de ejecución de los presupuestos es del 97% o que a las políticas a las que se han dedicado más recursos son la salud, la educación, los derechos sociales o los transportes.

No obstante, hay que recordar que el de 2024 es un presupuesto prorrogado del año 2023 y que fue precisamente la ausencia de cuentas para 2024 lo que provocó el adelanto electoral y que por tanto, en gran medida, los datos ofrecidos se corresponden más a la gestión del gobierno de Pere Aragonès que al de Salvador Illa.  

Y aunque la voluntad de transparencia y de rendición de cuentas por parte del Govern de Illa sean muy loables, no lo es tanto tratar de hacer creer a los ciudadanos que el ejecutivo está cumpliendo con sus obligaciones. Porque mucho que se quiera minimizar la importancia del hecho, lo cierto es que el Govern de la supuesta normalidad ha renunciado a elaborar y a someter al Parlament los presupuestos de la Generalitat de 2025, lo que supone un flagrante incumplimiento de lo dispuesto en el Estatut d’Autonomia y en la Ley de Finanzas Públicas de Catalunya; por no mencionar que con esa decisión se está privando al poder legislativo del ejercicio de una de sus funciones básicas, que es la presupuestaria, y que implica la capacidad para debatir, enmendar, aprobar o rechazar el proyecto de presupuestos que le presenta el poder ejecutivo.

Y el hecho de no disponer de apoyos suficientes, que es el argumento esgrimido para justificar que no se presenten los presupuestos, no puede darse por bueno ya que en ningún caso exime al Govern de la responsabilidad de presentarlos.  

El respeto a las normas y a los procedimientos resulta fundamental en un Estado de Derecho, no es interpretable, no debe depender del capricho de los gobernantes. Por ello que en materia presupuestaria existan soluciones técnicas como la prórroga automática de las anteriores cuentas si el 1 de enero del año no se han aprobado las nuevas, o que exista la posibilidad de suplementos de crédito, no debería ser un eximente para que el ejecutivo cumpla las normas y los procedimientos. Y mucho menos si, como es el caso, los suplementos de crédito precisan de los mismos apoyos parlamentarios que requerirían los presupuestos.

Por ello resulta absurdo que se esté negociando con ERC y con los Comuns ampliaciones de crédito y no los presupuestos, y que encima esa ampliación se esté fragmentando víctima de un mercadeo constante por parte de los republicanos. Demasiado interés particular y muy poca defensa de los intereses generales.