Opinión | Multirreincidencia
Sonia Andolz

Sonia Andolz

Profesora asociada de la Universitat de Barcelona

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El sistema no es suficiente

Urge dedicar más esfuerzos a reforzar el sistema judicial pero también la educación democrática y ciudadana

Mil agentes se despliegan en Barcelona, Badalona y L'Hospitalet en un macrodispositivo contra la multirreincidencia.

Mil agentes se despliegan en Barcelona, Badalona y L'Hospitalet en un macrodispositivo contra la multirreincidencia. / MANU MITRU / EPC

El Plan Kanpai de Mossos d’Esquadra se ha diseñado para acabar con los multirreincidentes y reducir la inseguridad en el área metropolitana de la capital catalana. Cuando el sistema no consigue solucionar un problema, los operativos policiales puntuales no sirven de mucho. Se obtienen resultados rápidos en Barcelona o el aeropuerto, pero se traslada presión a L’Hospitalet. ¿Por qué? Los responsables policiales por sí solos pueden luchar contra los multirreincidentes, pero no contra la multirreincidencia como fenómeno.

Para combatirla hace falta un cambio sustancial en la estructura judicial catalana. Faltan juzgados, jueces y recursos. Además, la ley no está adaptada a la realidad y hace que dedicarse a delinquir merezca la pena para algunos. Quienes lo hacen como modo de vida son quienes representan un mayor reto para las sociedades democráticas, puesto que difícilmente habrá otras soluciones que no sean la persecución, enjuiciamiento y sanción. Si, por el contrario, hay razones estructurales (pobreza, necesidad, vulnerabilidad, trastorno) detrás de un delito, nuestro sistema tiene múltiples herramientas e instrumentos para hacerle frente. Desde ayudas sociales, educativas, acompañamiento de reinserción laboral o apoyo económico, algo funcionará si el delito no ha sido voluntario sino causado por necesidad o vulnerabilidad.

En cambio, para quienes deciden que el beneficio que obtienen dedicándose a delinquir les compensa con creces el riesgo de sufrir las consecuencias, la sociedad tiene muchas menos opciones. Aquí no se corta la mano por robar en un supermercado ni se tortura por robar en una casa. Tampoco se lapida a alguien por vender unos gramos de marihuana ni se castiga a trabajos forzados por atracar o robar con violencia. Somos una democracia y ello implica que la policía investiga, detiene e identifica para que el sistema judicial pueda juzgar y aplicar una ley que previamente han legislado representantes de la ciudadanía.

Pero ¿qué pasa cuando las leyes que han redactado esos representantes no parecen ser suficientes, cuando la policía detiene, pero no hay suficientes juzgados ni jueces para dictar sentencias a los detenidos? La situación es clara: el sistema no es suficiente para disuadir.

Urge dedicar más esfuerzos a reforzar el sistema judicial, pero también la educación democrática y ciudadana. Una sociedad que señala la existencia de individuos malhechores, castigando socialmente a quien proviene del mismo origen, pero en cambio defiende que streamers, futbolistas, emprendedores piramidales o reyes de TikTok sorteen las normas, venerando su ingenio y bravura, es una sociedad condenada a la corrupción, el fraude y la malversación. La posibilidad de acabar pasando años en prisión sirve de disuasión, pero también una sociedad que condena sin fisuras esos comportamientos sirve para prevenir que sea visto como una opción atractiva.

Sin disuasión, solo queda la fuerza o la amenaza, y eso es intolerable en democracia.

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