Sánchez, el castigador de la universidad privada

La demonización del ánimo de lucro por parte de la izquierda es repetitiva y cansina. La última prueba, el plan de Pedro Sánchez, que endurecerá los criterios académicos y financieros para crear nuevas universidades privadas. Amparándose en una supuesta burbuja de instituciones de dudosa calidad en España, quiere enmendar y actualizar un decreto de 2021 con el que ya quiso actuar en esta dirección, pero que fracasó. El Gobierno busca así frenar a los «chiringuitos» -en sus propias palabras- pensados con el único objetivo de hacer negocio y que han proliferado en la última década en las autonomías gobernadas por el Partido Popular. Estas dan prioridad a la oferta privada en detrimento de la pública, a la que infrafinancian y encaminan a su privatización, según el relato de Moncloa, que acusa sobre todo a Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

La iniciativa socialista genera múltiples interrogantes que el Ejecutivo debería resolver, antes de linchar a unas instituciones educativas sin dar nombres ni apellidos. ¿Por qué tanta urgencia con esta reforma? ¿Por qué no denuncia las malas prácticas que verbaliza en público? ¿A quién se quiere poner coto? ¿A los proyectos de nuevas universidades que están sobre la mesa? ¿A los grupos católicos o empresariales que ya tienen centros? ¿A los fondos que han irrumpido en el negocio en los últimos años? ¿Por qué todas las privadas deben tener un mínimo de 4.500 alumnos? ¿Porque esa cifra es la que cumplen todas las públicas? ¿Qué sucederá con las ya abiertas que no alcancen ese umbral? ¿Y con sus alumnos? ¿No se pone en riesgo la seguridad jurídica? ¿Por qué hay que recentralizar la universidad online, que pasará a depender del Congreso?

Además, existen otras cuestiones de fondo. ¿Acaso no pueden coexistir las instituciones públicas y privadas, que cumplan la legislación, ofrezcan educación de calidad y ganen dinero licítamente? ¿Por qué hay que reducir la diversidad de la oferta académica? ¿Es culpa de las privadas que desde 1998 no se haya abierto ni una pública? ¿El desajuste entre la oferta y la demanda educativa de quién es responsabilidad? Y por encima de todo, en vez de enfrentar a las instituciones y politizar el discurso, ¿no sería mejor pensar en soluciones globales para el conjunto de las universidades que mejoren su calidad, su financiación y su gobernanza? Solo así podrán ser el alma de la educación superior, de la investigación y de la creación del talento que España necesita

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