Aquietarse no es tarea fácil

Veamos lo que pasa en un país garantista, como el nuestro, donde hay asuntos que colean y parecen no tener fin. Así, el borrado de los ERE, las secuelas del procés –indultos, amnistía– con el telón de fondo del reconocimiento de la identidad catalana.

Ni tribunal de casación ni poder electoral

Con dudas fundadas sobre la avenencia de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) –atenuando las penas por delitos de corrupción– con el derecho europeo, la Audiencia de Sevilla se mostró dispuesta a elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

La reacción del TC viajó del estupor a pedir explicaciones invocando la "protección de la jurisdicción", cuando se trata de una cuestión de jerarquía normativa, al estar la europea inserta en el ordenamiento español.

Latente su designio –tribunal de casación– se apoyó en la reforma de la LO del TC (que introdujo el PP en 2015), en la que se dotaba al TC de mecanismos para ejecutar sus sentencias, ante el incumplimiento reiterado de sus resoluciones.

Informes a izquierda y derecha han coincidido en dictaminar que no se podía impedir el recurso de la audiencia provincial al TJUE. Tampoco habrían faltado cautelas veniales de magistrados sujetos a la obediencia debida del 7-4.

Pero lo que resultó inverosímil fue la ausencia de una declaración neutra, en defensa del propio tribunal, al limitarse la nota de prensa a un escueto aliño: "La reflexión continúa sobre un tema complejo y en evolución".

Habida cuenta de la advertencia del Supremo, el desenlace pudiera ser un anticipo de lo que podría ocurrir con la amnistía, si el TC estimase su aplicación en lo referente al delito de prevaricación. La consulta al TJUE.

Ítem más. Tras la contienda electoral del 23-J, la pugna por un escaño decisivo suscitó la pretensión socialista de recontar los votos, escoltada de una solicitud de amparo al TC. El intento de convertir la corte de garantías en un poder electoral quedó frustrado con la desestimación del recurso.

Reconocimiento de la identidad nacional

El expresidente, "Cristo grande", que consiguió la retirada de la cuestión de confianza, a cambio de las competencias "integrales" de inmigración, resulta ser el mediador para abrir la puerta a que el Gobierno central aceptase un referéndum sobre "la identidad nacional de Cataluña".

Como consecuencia del "enquistado conflicto político" entre Cataluña y el Estado, partiendo de "profundas discrepancias" y "desconfianzas mutuas", un pacto para autodefinir a la región como una nación es algo en lo que están de acuerdo Junts, Esquerra, PSC y Comuns.

El anhelo de separación del Estado español no es algo nuevo, existió siempre. Sería una ingenuidad desechar que lo que se busca es crear una república independiente.

Desde la cancelación del delito de sedición, la democracia española no tiene los mecanismos necesarios para evitar derivas venideras. Nunca nadie pensó que ciertas cosas pudieran ocurrir, que líneas rojas se pudieran cruzar y, por tanto, no existen los mecanismos adecuados para afrontarlos.

El reciente Informe del Consejo de Europa sobre injerencias extranjeras –92 votos a favor, 58 en contra– concluye que existe "evidencia de interferencia encubierta" por parte de la Federación Rusa, en lo que califica como "el golpe de Estado de 2017 de los líderes del gobierno regional catalán contra el orden constitucional español". Duro varapalo para el relato indepe.

"Cobra" a la oposición

A falta de estrategias de Estado –a la alemana– la opinión pública española, estremecida por la magnitud de la crisis que se avecina, espera acuerdos responsables. Deseo que resulta incompatible con una dinámica de enfrentamiento –basada en la polarización y la trampa– adobada con la negativa a presentar los presupuestos. Y si no dan los números, llamar a las urnas.

El mando ha preferido una negociación amable para evitar la confrontación, sin privarse de una jugarreta, ocultar nuevos privilegios para que el prófugo consentido pueda presentarlos como una concesión arrancada. Por ahora, ¡menas, no; fondos, sí!

Los cuatro jinetes del "populismo de poder" –discordia, desigualdad, deslealtad, desconfianza– son otras tantas anomalías, con motivaciones que no son ideológicas, sino que se contraen a mantenerse en el Poder a cualquier precio.

Es siempre la misma treta, lo que los técnicos de ambos partidos acuerdan en favor del interés general, lo acaba destruyendo el muro, que remata la faena acusando de falta de altura de Estado, por negarse a caer en la trampa.

Al principal partido de la oposición –acomodado en la erosión paciente– se le niega legitimación como alternativa de gobierno y le han hecho la "cobra".

Como para aquietarse…