Opinión | Posconvergentes

Profesora de Ciencia Política de la Universitat de València. Miembro del Comité Editorial de EL PERIÓDICO

Astrid Barrio
Astrid BarrioProfesora de Ciencia Política de la Universitat de València. Miembro del Comité Editorial de EL PERIÓDICO
Junts, parte del cártel
Parece que la voluntad de independencia no resulta incompatible con aprovechar todas las oportunidades que ofrece a algunos partidos el hecho de seguir perteneciendo a España

Pedro Sánchez, con la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en la Moncloa, el pasado 13 de marzo. / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press
A pesar de la determinante influencia que tiene en estos momentos Junts per Catalunya para la gobernabilidad de España y para la continuidad de Pedro Sánchez al frente del gobierno, circunstancia que enmascara todo el resto, lo cierto es que su poder en Catalunya, que es su arena de actuación prioritaria, es muy limitado. Está en la oposición en el Parlament, solo preside la Diputación de Girona y el ayuntamiento más relevante que gobierna es el de Sant Cugat del Vallès. Muy poco poder institucional para un partido acostumbrado a mandar y a disponer de los múltiples recursos que ofrece el poder. Por ello su escasez de poder institucional no solo tiene impacto a nivel de influencia traducida en políticas sino que incide en la propia capacidad de supervivencia de un partido que ha visto como su tradicional capacidad para distribuir incentivos selectivos entre sus miembros y simpatizantes, en forma de cargos, se ha reducido.
Y es por esta razón que no debe sorprender que un partido que quiere independizarse de España y que reniega de ella haya decidido, como siempre había hecho el nacionalismo moderado y también ERC, designar a personas afines en instituciones y empresas estatales. El nombramiento más reciente ha sido el del economista Eduard Gràcia, socio de la ANC y próximo a Junts, como miembro del consejo de administración de Renfe tras haber liderado protestas por el mal funcionamiento de Cercanías en Catalunya. Antes Miquel Calçada había sido designado miembro del consejo de administración de RTVE; el exdiputado y exconcejal de Junts en el Parlament, Ramon Tremosa, se había incorporado al consejo de AENA; Pere Soler, que fue director general de los Mossos de Esquadra durante el procés se incorporó como consejero a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y Elena Massot, también en la órbita del partido, se ha integrado al consejo de administración de Enagás.
Aprovechar las oportunidades
Parece pues que la voluntad de independencia no resulta incompatible con aprovechar todas las oportunidades que ofrece a los partidos, a algunos, no a todos, el hecho de seguir perteneciendo a España. Junts no deja de ser otro exponente del partido cártel, ese modelo de partido definido por Richard S. Katz y Peter Mair que se caracteriza por su interpenetración con el Estado, es decir, por su fuerte dependencia de los recursos estatales para su financiación y su funcionamiento y por su tendencia a colaborar con las otras formaciones que puedan garantizarse la supervivencia colectiva. Así, pese a su beligerancia verbal y al uso extensivo de su capacidad de chantaje político, Junts participa de la colusión, otra de las prácticas propia del partido cártel que implica limitar y reducir con su presencia la entrada de otras formaciones asegurándose el funcionamiento del cártel. Y todo ello por puro instinto de supervivencia que, al fin y al cabo, es el primer y principal objetivo de cualquier partido. Y a falta de Catalunya, buena es España.
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