El imparable rearme de España

En línea con el compromiso adquirido en el marco de la OTAN, en 2014, España tenía que haber llegado ya el pasado año a dedicar el 2% de su PIB a la defensa. No ha sido así, al menos oficialmente (en 2023 tan solo era del 1,28%), pero ahora, en el contexto de la guerra en Ucrania y ante la creciente percepción sobre la amenaza rusa y el desprecio estadounidense, el propio jefe de Gobierno ha declarado su intención de acelerar el ritmo de crecimiento en ese capítulo para alcanzar ese sacralizado porcentaje antes de 2029. Y es muy probable que, tras la aprobación del plan de rearme en el reciente Consejo Europeo y con la próxima cumbre de la OTAN a tres meses vista, incluso se sobrepase ese límite antes de finales de esta década.

De ese modo, España tratará, por un lado, de cumplir sus compromisos tanto con Washington como con Bruselas y situarse en una posición menos incómoda para lo que venga, contando con que eso le permitirá tener una voz más audible cuando se trate de tomar posiciones comunes respecto al futuro de Ucrania (reconstrucción incluida) y al orden de seguridad europea (respecto a Rusia). Por otro, procurará cubrir ciertas carencias impropias de una potencia media con intereses globales, con una doble fachada marítima atlántica y mediterránea, sin perder de vista que la globalización que nos define obliga también a mirar más allá de lo inmediato, sea hacia el Sahel africano o hacia la Europa oriental.

Militarización

Por definición, todo responsable de seguridad nacional tiende a demandar más recursos, considerando que los que posee nunca serán suficientes para atender a todas las posibles amenazas. De seguir su dictado se llegaría a una militarización absoluta de la vida nacional, volcando todo el esfuerzo en dotarse de todos los medios imaginables para atender cualquier contingencia. Ese aberrante camino (sirva el ejemplo de Corea del Norte, donde el afán militarista que le permite ser una potencia nuclear tiene el brutal contrapunto de las hambrunas) no puede ser el aconsejable para una democracia consolidada como España. Tan importante es la seguridad del Estado- pensando en cómo neutralizar amenazas que atenten contra la población y el territorio nacional- como la seguridad humana- sustanciada en un Estado de bienestar que garantice la satisfacción de las necesidades básicas y no deje a nadie atrás.

De ahí se deriva la necesidad de definir un equilibrio que permita contar con medios creíbles de último recurso para disuadir a nuestros potenciales adversarios de optar por la violencia y, al mismo tiempo, con robustas políticas públicas que asuman que el mayor activo nacional es su capital humano.

Ni España ni ninguno de los miembros de la UE está en condiciones de atender en solitario sus necesidades de defensa. Un rearme planteado a escala nacional- como parece apuntar el plan diseñado por von der Leyen- ni lleva a que cada uno de los Veintisiete tenga su seguridad garantizada ni a que la UE tenga una verdadera autonomía estratégica. En consecuencia, el esfuerzo debe ser común y liderado por Bruselas. Eso permitiría definir planes de defensa del conjunto de la Unión, identificar las necesidades y repartir la carga y las tareas en beneficio de todos. Por lo que respecta a España, ni su sector industrial de la defensa puede cubrir todas las necesidades, ni sus fuerzas armadas- por muchos nuevos carros de combate, buques o aeronaves que reciban- podrán atender a todos los desafíos. Pero no parece que hayamos llegado aún a ese convencimiento.

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