El quiebro de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado ha mantenido desde el inicio de la pandemia de Covid-19 una misma posición ante las denuncias y querellas presentadas contra el Gobierno o responsables autonómicos por su gestión de la crisis sanitaria: rechazarlas o pedir su archivo inmediato.

No han sido pocas las demandas de particulares, colectivos profesionales (como médicos o policías), asociaciones y partidos políticos que señalaban responsabilidades penales por delitos como prevaricación, homicidio imprudente u omisión de socorro, relacionados con la falta de medios, las medidas adoptadas o la mortalidad en las residencias de ancianos. 

Y la Fiscalía había mantenido siempre el mismo criterio de no respaldarlas argumentando la ausencia de pruebas concretas de dolo o negligencia grave y rechazando la judicialización de la gestión de la crisis salvo en casos excepcionales con evidencias claras. De hecho, en septiembre de 2020 emitió un informe de más de 300 páginas en el que solicitaba al Tribunal Supremo que rechazara todas las querellas presentadas hasta ese momento contra el presidente Pedro Sánchez y varios ministros, argumentando que no había indicios de criminalidad en sus actuaciones. 

Según recogía la Fiscalía en ese informe, las decisiones tomadas durante la pandemia respondían a criterios técnicos y sanitarios, basados en el conocimiento disponible en cada momento, y no a una voluntad deliberada de causar daño o incumplir la ley.

Este criterio, impulsado por Dolores Delgado como fiscal general, se extendió luego a otros casos en tribunales inferiores, donde en estos años la Fiscalía también se ha opuesto a investigar a cargos públicos por considerar que las acusaciones carecían de base jurídica sólida o eran demasiado genéricas. 

Hasta este lunes, que la Fiscalía de Madrid se ha movilizado para reactivar las causas judiciales por las muertes en las residencias de mayores de la comunidad impulsando hasta nueve denuncias por denegación de un servicio público por motivos discriminatorios. El quiebro de la Fiscalía, que enmienda la estrategia de los últimos cinco años, se produce en medio de la enorme polémica desatada en Madrid en las últimas semanas y sin que la fiscal superior, Almudena Lastra, haya dado explicación alguna sobre el cambio de criterio, alimentando así las especulaciones sobre un impulso más político que judicial.