Las políticas de vivienda

La dificultad de acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas a abordar en los próximos años. No solo porque dificulta que muchas personas y familias, sobre todo las más jóvenes, puedan llevar a cabo su proyecto de vida, sino también por sus repercusiones negativas en muchos otros aspectos. Aunque las autoridades han empezado a tomar medidas para paliar esta situación, intentando evitar en lo posible el maximalismo ideológico, como el que llevó a la fracasada obligación de reserva del 30% de las promociones a vivienda social, hay que tener bien claro que estamos ante un problema de naturaleza estructural. Un problema que resulta materialmente imposible de resolver a corto plazo. 

El conjunto de políticas impulsadas por las autoridades a la vista de la gravedad de la crisis de la vivienda son evaluadas de forma heterogénea por parte de los profesionales del sector y los expertos. Entre las que son vistas con buenos ojos destaca la reserva pública de solares y que una cuarta parte de los pisos sociales se destinen a los jóvenes, es decir, que no correspondan en exclusiva a las personas y familias en una situación de vulnerabilidad. Igualmente, exigen a los municipios, especialmente a aquellos que se encuentran en el área metropolitana de Barcelona, que modifiquen sus planes generales teniendo en cuenta la acuciante necesidad de dar respuesta a la falta de vivienda. Estos planes deberían modernizarse con el fin de remover escollos burocráticos y ayudar al tan necesario aumento de la oferta, tanto de los inmuebles destinados al mercado como de aquellos que han de engrosar el ahora paupérrimo parque público de vivienda. Igualmente, se reclama la agilización de las licencias definitivas de obras. En cuanto al incremento del impuesto de transmisiones patrimoniales, se teme que suponga un freno a la compraventa de inmuebles, por una parte, y que, además, presione los precios al alza si los vendedores repercuten el aumento del impuesto sobre la oferta.  

Por otra parte, cabe apuntar que la tasa turística, una parte de cuya recaudación se pretende destinar a las políticas de vivienda, debería tener un diseño más flexible, para que pudiera ser adaptada estratégicamente por las ciudades según sus necesidades y objetivos. Por otra parte, si bien parece razonable que ese dinero se invierta en paliar los inconvenientes y costos derivados del turismo, resulta cuestionable que se vincule el aumento del gravamen al problema de la escasez de pisos, pese a la innegable gravedad de este.  

En el apartado del alquiler, los resultados de los primeros meses de la aplicación de los topes a los precios nos indican que, si bien, por una parte, estos han bajado --más en Barcelona que en el conjunto de Catalunya--, por otra, los contratos realizados se han desplomado, tal como habían advertido diversas voces. Habrá que ver, por lo tanto, cómo se comporta el mercado de alquiler a lo largo de los próximos meses y años para poder llegar a conclusiones fundadas sobre el éxito o el fracaso de la medida. Para el futuro queda también la promesa estrella del president Salvador Illa, esto es, el impulso a la construcción de 50.000 viviendas públicas para el 2030, esto es, para dos años después de que se extinga la actual legislatura autonómica.