Opinión | Movilidad

Oriol Amat

Oriol Amat

Catedrático de Economía Financiera de la Universitat Pompeu Fabra.

Barcelona

AP-7: Cuando la gratuidad sale cara

Tráfico en la autopista AP-7 a su paso por la estación de ferrocarriles Cerdanyola-Universitat, en el Vallès Occidental.

Tráfico en la autopista AP-7 a su paso por la estación de ferrocarriles Cerdanyola-Universitat, en el Vallès Occidental. / Manu Mitru / EPC

El déficit de infraestructuras es uno de los principales temas de debate, y la AP-7 es uno de sus máximos exponentes. Desde el levantamiento de los peajes en 2021, esta autovía ha experimentado un aumento exponencial del tráfico y es la autopista con más camiones de España, con un 60% más de tráfico pesado desde que los peajes desaparecieron. Esto provoca colapsos frecuentes con retenciones kilométricas. Las horas perdidas en atascos que eran de 3.700 en 2019 se han duplicado en 2024. Además, el número de accidentes ha aumentado un 20% desde 2021. Solo en 2024 se registraron 700 accidentes con víctimas.

La AP-7 se construyó en los años 60 por las presiones del Banco Mundial que recomendaba insistentemente la construcción de un corredor mediterráneo para vehículos. Y como el gobierno español no quería financiar esta infraestructura, se hizo con financiación privada, lo que supuso que los usuarios tuvieran que pagar peajes durante décadas. En 2021, cuando se eliminaron los peajes, no se planificó una transición adecuada para gestionar el aumento de tráfico, lo que ha provocado el colapso actual. La falta de alternativas viables hace que gran parte del tráfico de mercancías y particulares se concentre en esta vía.

El problema de fondo es el déficit de infraestructuras en Catalunya, estimado en unos 40.000 millones de euros, según distintos estudios. La situación se agrava porque no solo se presupuesta menos de lo necesario, sino que después el nivel de ejecución es el más bajo de España. Esta carencia de inversión se ha traducido en infraestructuras obsoletas e insuficientes, como es el caso de la AP-7. La situación no solo afecta a los conductores, sino que tiene repercusiones en la competitividad de las empresas. Con un transporte de mercancías más lento y costoso, las empresas se ven penalizadas con respecto a otras regiones europeas con infraestructuras más eficientes. Además, la congestión impacta negativamente en la calidad de vida de la ciudadanía al aumentar los tiempos de desplazamientos y los accidentes. Otro problema clave es la carencia de conexiones de la AP-7 con otras grandes vías, dificultando los desvíos en caso de incidencias, a diferencia de otros territorios, donde la red está mejor integrada.

Para revertir esta situación, es necesario adoptar medidas urgentes. Es imprescindible ampliar los carriles en los tramos más congestionados, como Vallès y Penedès, y construir variantes para descongestionar puntos críticos. También es necesario terminar el Corredor Mediterráneo y potenciar el transporte ferroviario de mercancías; e implantar tecnologías de gestión inteligente del tráfico, que podrían reducir los colapsos. La historia de la AP-7 refleja el déficit de inversión y la mala planificación. Es necesario pasar de las palabras a los hechos y las inversiones adecuadas para transformar la AP-7 en una vía eficiente y sostenible que responda a las necesidades del país. Nada más caro que una mala infraestructura.