El reto de la seguridad en Catalunya

Catalunya logrará la cifra de 25.000 Mossos d'Esquadra, según la última propuesta pactada entre los gobiernos catalán y español. Buena noticia que da continuidad al acuerdo llegado durante la legislatura pasada entre el Ministerio del Interior, comandado por el ministro Marlaska y por el conseller Elena en la Generalitat y que elevaba la cifra a 22.000 agentes. Pero vayamos por partes.

El cuerpo tenía una carencia clara y evidente, fruto de años de falta de inversión y esto se tradujo en varias problemáticas: carencia de efectivos y envejecimiento de la plantilla, sobre todo en las zonas donde la policía catalana se desplegó inicialmente. Porque, a pesar de ser una de las estructuras básicas en cualquier gobierno, la indecisión política infradotó al cuerpo.

Para corregirlo, el Gobierno central y el catalán se pusieron de acuerdo en el fundamental y sin partidismos de ningún tipo. Hacían falta más efectivos para hacer frente a los nuevos retos del país: aumento de la población; un turismo que ha ido creciendo durante los últimos años; el elevado riesgo de amenaza terrorista, que supone un esfuerzo extraordinario tanto en patrullaje como en inteligencia; la despoblación de los entornos rurales, que aísla a ciertos núcleos y, cómo no, la gran amenaza actual, el narcotráfico, cada vez más profesionalizado y con más herramientas y recursos.

Aun así, el acuerdo era realista porque tenía en cuenta la derivada directa que esto comporta: actualización de la flota de vehículos -algunos de ellos, eléctricos de SEAT-, más y mejores instalaciones y ubicadas dentro de las ciudades, para hacer un modelo de proximidad que se traduce en mayor percepción de seguridad, más material y apoyos reclamados por los agentes. Porque justamente este es uno de los elementos que más valoran los ciudadanos, la proximidad. Fuera de los vehículos, pisando calle, hablando con los comercios, haciendo patrullajes mixtos con las policías locales.

Pero estos días estamos viendo cómo la realidad y la percepción -que no siempre van acompañadas- nos dan un panorama de inseguridad como hace tiempo que no teníamos. En 2023, el comisario Eduard Sallent ideó el Pla Daga, con el objetivo de retirar las armas blancas de la calle. Actualmente, las necesidades han cambiado y este plan demuestra que hay que actualizarlo porque, desgraciadamente, el problema actual es el del auge de las armas de fuego, fruto del continuo crecimiento del narcotráfico en Catalunya y en España. Es por eso que ahora habría que ser más ambiciosos, uniendo este aumento de efectivos con el traspaso inmediato de competencias marítimas, aeroportuarias y hacer un plan específico, buscando y determinando los riesgos reales, sin incurrir en gesticulaciones relativas al control fronterizo, enfocando el problema en la entrada de inmigrantes, como algunos proponen. El modelo de policía catalana es un modelo que prevé que la policía integral y ordinaria de Catalunya sea el cuerpo de Mossos d'Esquadra. Los nuevos retos de seguridad exigen ahora la asunción de nuevas competencias que garanticen que pueden prestar un servicio de calidad. Por eso es necesario disponer de capacidades en el mar que se adapten a los retos que supone la implantación del crimen organizado y el desplazamiento de los desembarcos, del control del aire por la vigilancia y el espaldarazo operativo y sobre todo en el ámbito ciber. Ser el responsable no quiere decir hacerlo solos. Al contrario, se trata de trabajar con el resto de cuerpos policiales: las guardias urbanas y las policías locales, las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales y, sobre todo, de estar presentes en Europa en los organismos de coordinación y colaboración en materia de seguridad. El delito es global y la coordinación internacional es la única manera de dar respuesta.

Porque, como decíamos, el problema real continúa siendo la delincuencia y no la inmigración como algunos, por miedo de perder votos hacia la extrema derecha, piden. Y este trabajo complejo lo tienen que hacer los Mossos d'Esquadra en cooperación con el resto de fuerzas del Estado y añadiendo otro compromiso que está en la mesa de negociación entre los dos gobiernos y que continúa sin cerrarse aún: el acuerdo con Europol para compartir información, investigaciones y bases de datos de forma total, y no parcial.

Pero, como decíamos anteriormente, el problema no es solo delincuencial, el problema se tiene que abordar como hacen las sociedades maduras, desde la vertiente social, porque la actuación policial tendría que ser la última de las acciones y la primera saber qué lo motiva y analizar por capas los problemas y los focos donde suceden estos lamentables hechos, porque coinciden con personas que sufren exclusión social. O en perfiles jóvenes, acompañados de abandono escolar que, inducidos, ven que con el narcotráfico se pueden enriquecer fácilmente y esto hace que no exploren otras vías para su futuro. Es decir, lejos de la respuesta fácil, el problema y por tanto la solución, no puede ser solo policial sino social y desde todas las vertientes. Y esta cultura se tiene que vehicular desde las familias, escuelas, centros formativos, acceso al mundo laboral y, evidentemente, la vivienda.

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