Las empresas de defensa aplauden el rearme de la UE

Si ya en estos últimos años los vientos soplaban a favor de las empresas del sector de defensa, el plan de rearme europeo que acaban de anunciar los Veintisiete supone una reafirmación de que, para ellas, lo mejor aún está por venir. En términos prácticos, para el sector es secundario si los fondos que se movilicen van a venir de los presupuestos nacionales o de Bruselas. Lo fundamental es que prevén un abundante maná, aunque no se llegue a los anunciados 800.000 millones de euros para los próximos cuatro años, impulsado por el sueño de una autonomía estratégica que permita a la UE contar con sus propios medios para defender sus propios intereses o, en palabras del próximo canciller alemán, para independizarse de EEUU.

Es mucho el trecho que queda por recorrer para alcanzar ese objetivo y muchos también los problemas a superar. Hoy, para empezar, no existe un sector industrial europeo de defensa, sino unas 2.500 empresas (públicas y privadas) de identidad nacional, aunque muchas de ellas hayan extendido sus redes fuera de sus fronteras patrias. De hecho, más allá del exitoso proyecto de Airbus, ni en el ámbito naval ni en el terrestre hay algo similar que sirva a corto plazo como embrión de una verdadera base industrial europea de defensa que, al servicio de una agenda común, pueda atender las necesidades de los estados miembros y competir en los mercados globales. Por otro lado, cuando se plantea potenciar la base industrial y tecnológica de la defensa a escala comunitaria, lo que conlleva dedicar fondos comunes para lograr el mencionado objetivo de autonomía, no puede olvidarse que Alemania, Francia e Italia concentran en torno al 70% de toda la capacidad industrial existente, lo que explica que sean muchos los estados miembros reticentes a aprobar dichos fondos porque calculan que no lograrán tasas de retorno apreciables, mientras que esos tres países terminarán por acaparar la mayor parte de ellos.

En el caso de España, inmediatamente detrás de los tres citados, pero con Polonia y Países Bajos pisándole los talones, la situación es ambivalente. Por un lado, el sector -unas quinientas empresas que dan empleo directo a unas 55.000 personas y registran un volumen de producción anual de unos 7.000 millones de euros- permite a España aparecer como el séptimo exportador mundial de armas (en torno al 80% de la facturación total). Pero, por otro, se constata que más del 75% de la facturación total está en manos de capital extranjero, que el sector está atomizado (Airbus y Navantia suponen el 70% de la facturación total) y que, a pesar de sucesivas intentonas, no se ha logrado crear un 'campeón nacional', con Indra ahora mismo como la opción predilecta.

El futuro inmediato apunta a que, en el contexto definido por la Estrategia Industrial de Defensa aprobada por la UE en 2023 y por el plan aprobado el pasado día 6 por el Consejo Europeo, habrá negocio para muchos, pero también aumentará la pelea por dotarse de suficiente capacidad (sobre todo en recursos humanos y tecnológicos) con la que poder competir con ventaja por los jugosos concursos que se vayan anunciado. Y todo ello, sabiendo que si las empresas con sede en la UE no logran situarse a ese nivel -lo que implica fusiones, pero también desapariciones-, sus competidores estadounidenses (pero también surcoreanos, chinos y turcos) se llevarán la parte más sustanciosa del botín. Y eso, visto desde la óptica política de quien pretende lograr la autonomía estratégica, sería una pésima noticia.

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