La Casa Orsola, embrión de una nueva forma de generación de parque social en la ciudad

En estos momentos serán muy pocas las personas que no han tenido noticia de lo que ha ido ocurriendo en torno a la llamada Casa Orsola de Barcelona. Una finca de propiedad vertical, situada en un punto estratégico de la ciudad beneficiado por la remodelación de la calle Consell de Cent, con vecinos inquilinos de diversas tipologías, que en 2021 cambia de manos, pasando a un nuevo propietario que quiere rentabilizar la finca mediante el vaciado de los antiguos inquilinos por unos nuevos de mayor capacidad adquisitiva. Los movimientos sociales de la ciudad, singularmente el Sindicat de Llogateres, toman cartas en el asunto y apoyan la postura de resistencia de los vecinos que no quieren irse.

El ayuntamiento, ante una situación fuertemente radicalizada, pide la mediación del Síndic de Greuges de la ciudad y consigue que el propietario acepte venderle la finca.  

La operación de compra se ha realizado bajo una fórmula de compra social y colaborativa entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundació Hàbitat3. El Ayuntamiento de Barcelona ha comprado directamente 21 edificios mediante el sistema de tanteo y retracto, pero es la primera vez que se utiliza un sistema colaborativo. Sea como fuere, de lo que se trata es de hacer frente a dos graves y grandes objetivos: por un lado, hacer crecer el parque de vivienda social de la ciudad desde el 1,5% actual, hasta el 15% que establece el Plan Territorial sectorial de Vivienda; y por otro, evitar al máximo la gentrificación de inquilinos que se convierten en vulnerables residenciales y que desertiza la ciudad poniéndola en manos de residentes ocasionales.

De hecho, la compra colaborativa -una especie de copropiedad social- ahora iniciada, abre aquí un camino muy interesante que viene a sumarse a otras figuras de colaboración para la provisión de vivienda social que ya se han implementado en Barcelona: la cesión en derecho de superficie de suelos públicos a entidades sin ánimo de lucro -fundaciones y cooperativas- para que construyan viviendas de alquiler o de cesión de uso y después las gestionen por un período largo de tiempo; los concursos de suelo público para promover viviendas protegidas por parte de privados; la cesión en derecho de superficie de edificios públicos a entidades sociales para que los rehabiliten y destinen a alquiler social; los programas de concertación de viviendas de alquiler privadas gestionadas por entidades sociales con cobertura pública de las rentas que no pueden asumir las familias inquilinas; la cesión de viviendas públicas a entidades sociales para atender a necesidades de personas vulnerables.

En todas partes hace falta financiación para abordar proyectos costosos y se necesitan manos para gestionar programas complejos. Toda la atención a las necesidades de vivienda social no la puede llevar a cabo el sector público él solo. Y, por lo tanto, se convierten en claves las organizaciones sociales como socios desinteresados de la Administración. Las 'housing associations' en Reino Unido o en Países Bajos, las HLM en Francia desempeñan un rol extraordinario en esta función. Su tradición es muy larga, de más de sesenta años. En nuestro país, las proveedoras sociales de vivienda -así pensamos que deberíamos llamarnos- somos relativamente recientes, quizás poco conocidas y poco numerosas. Pero cada día que pasa constatamos que somos más necesarias. Por este motivo, estamos pidiendo el establecimiento de un marco jurídico de fomento y apoyo que nos permita alcanzar cotas más elevadas de participación en la responsabilidad pública en la defensa del derecho a la vivienda.

Por otra parte, la nueva fórmula de compra colaborativa público-social podría ser el embrión de una organización estable público-privada-social de la ciudad de Barcelona, como tantas otras existen en el mundo, como el Foncier Social de París, o las CLT (Fideicomiso de suelo comunitario) de Londres o Nueva York. Estas figuras son las que permiten la multiplicación, la máxima participación y el control democrático de operaciones del tipo de compra de la Casa Orsola, y también podrían utilizarse para la gestión de las viviendas protegidas que se vayan generando en la ciudad a raíz de la obligación de destinar a tal fin el 30% de las nuevas viviendas, o por otras vías, directas o indirectas. Puesto que el camino se ha dibujado, ahora es cuestión de seguirlo.

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