La extensión de la renta garantizada

El PSC ha planteado una proposición de ley para la reformar la Renta Garantizada de Ciudadanía cuyo objetivo es incrementar la cuantía de las ayudas y extender el número de beneficiarios. La propuesta implica que, a diferencia de lo que ahora sucede, trabajadores con salarios bajos puedan acceder a la misma, al igual que familias que conviven bajo un mismo techo así como colectivos que se considera que deben especialmente protegidos. Esta prestación social de la Generalitat tiene por objetivo proporcionar unos ingresos mínimos a las personas en situación de mayor precariedad, pero por ahora la ayuda no está beneficiando a todos los ciudadanos que la necesitan ya que solo llega al 20% de personas que viven por debajo del umbral de pobreza y al 40% de las que padecen pobreza extrema, cifras que de por sí ya justifican la inclusión. 

Con la reforma se pretende llegar a 65.000 familias que no son receptoras del subsidio ya que hasta ahora solo podían compatibilizarlo con un empleo las familias monoparentales y solo podían recibirla hogares que conformaban una única unidad de convivencia. Ello implicará pasar de 113.000 a 175.000 familias beneficiarias con un coste anual que se estima superará los 880 millones de euros, teniendo en cuenta además que las horquillas de las ayudas se situarán entre los 778 a los 1.556 euros mensuales en función de las circunstancias familiares de cada solicitante.

La compatibilización de subsidio y sueldo, además de corregir situaciones de pobreza, pretende incentivar la incorporación al mercado laboral ya que será posible compatibilizar empleos con sueldos bajos con el cobro complementario de la prestación durante un año. Con ello, así como con otras medidas que intentan que este tipo de apoyos se conformen como un impulso para la inserción social y no como un estímulo para instalarse en una situación de dependencia de las ayudas, se pretende evitar que haya personas que rechacen empleos por miedo a perder la prestación y a tener que volver a empezar un vía crucis burocrático en caso de volver a necesitarla. Con el objetivo de minimizar las posibilidades de fraude, la reforma elimina el complemento de 150 euros a familias inscritas como demandantes de empleo que asistan a cursos de formación o planes de ocupación y será obligatorio para todos inscribirse como solicitante de empleo. Y contempla, asimismo, que los beneficiarios deban realizar un plan de inclusión como ya ocurre con el Ingreso Mínimo Vital, lo que les obligará presentar el IRPF, a no causar baja voluntaria de un trabajo, a no pedir un excedencia, a no rechazar un oferta de empleo así como a residir en Catalunya. Y del mismo modo se incorpora un régimen de sanciones en caso de cobro fraudulento. 

Los sindicatos recelan de la medida porque temen que hacer compatible la Renta Garantizada de Ciudadanía con un empleo pueda incentivar y perpetuar los minijobs aunque en perspectiva comparada no haya evidencia de ello. Hay muchos otros esfuerzos posibles, a través de políticas multisectoriales, para enfrentar la situación de que un trabajo retribuido dentro del marco legal no sea suficiente para vivir, pero ninguna de ellas pasa por negar esta solución para garantizar un ingreso mínimo.