Desalojos eternizados

Las facturas a pagar por los vicios constructivos de los cientos de miles de pisos levantados de prisa y mal durante los años del desarrollismo, con materiales y ejecución deficientes, añaden un elemento más de tensión al ya de por sí endemoniado panorama de la vivienda en España. Los desalojos por riesgo de ruina y hundimientos de inmuebles en localidades del área metropolitana, como Santa Coloma o Badalona, y las dificultades para realojar a los afectados y volver a hacer habitables sus viviendas, son solo la punta del iceberg del problema. Cada caso específico reclama medidas de emergencia, pero también respuestas que hagan que estas no se eternicen. Las dificultades que aparecen con cada uno de ellos demuestran que será preciso adaptar los mecanismos de que disponen las administraciones para apoyar la rehabilitación de viviendas a la realidad de un parque envejecido y con carencias, que van más allá de la eficiencia energética o la accesibilidad. Y no es fácil: ni las administraciones pueden o deben asumir el coste de las reformas que recae en los propietarios afectados, ni muchas comunidades de vecinos están en condiciones de asumir su responsabilidad sin apoyo público en forma de asesoramiento, subvenciones o créditos.

La crisis del cemento aluminoso, a partir del hundimiento mortal de un bloque en el Turó de la Peira, fue el primer aviso evidente del problema latente en los bloques de viviendas construidos en los años 50, 60 y 70. Ahora, más de medio siglo después, las consecuencias de la construcción de mala calidad y la falta de mantenimiento continuo por parte de las comunidades de propietarios empieza a adquirir proporciones preocupantes. Seis de cada diez pisos del entorno metropolitano fueron construidos antes de 1980. En Barcelona, ocho de cada diez, de los que un 10% están en estado deficiente o incluso ruinoso. L’Hospitalet ha detectado 4.000 viviendas necesitadas de rehabilitación solo en los barrios del norte de la ciudad. Los polígonos de vivienda de promoción pública han sido objeto en las últimas décadas de planes de rehabilitación que, como el caso de La Mina recuerda, aún están lejos de completarse. Pero las dificultades para sanear el parque de viviendas privado son otras.

El diagnóstico no es nuevo. Y existen recursos para hacerle frente, como el programa de rehabilitación del Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH). Los fondos Next Generation identificaron en este campo una de las estrategias en la que invertir recursos para mejorar la eficiencia energética y suponen una inyección de recursos que no se está aprovechando a fondo, a pesar de que iniciativas como el CMH ayuden a vehicularlos. Por otra parte, sus condiciones pueden no adaptarse a algunas necesidades perentorias y reales. Las comunidades de vecinos a menudo no tienen ni la sensibilidad ni la capacidad para asumir reformas preventivas, ni información para acceder a los recursos disponibles. Programas de acompañamiento como los del CMH serían necesarios allí donde no están desplegados. Y donde lo están, convendría agilizar su tramitación. Pero con ello no basta, si no se establecen vías de financiación alternativas, más allá de la limitada capacidad de los ayuntamientos, que no se limiten a las procedentes de Europa, condicionadas a una mejora del 30% de la eficiencia energética, cuando la urgencia inmediata es la propia estructura y habitabilidad del edificio.