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Editorial
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Verdades y mentiras en la Casa Orsola
Ahuyentar a los especuladores no puede significar considerar que todo inversor lo es. Sería tan equivocado como pensar que hay inquilinos que no pagan pudiéndolo hacer
Casa Orsola, en directo: última hora del desahucio y la protesta

Concentración enfrente de la Casa Orsola de Barcelona / ACN
El acceso a la vivienda nunca ha sido fácil en España. El franquismo gestionó el paso de millones de personas del campo a las ciudades sin ningún tipo de planificación. Y acabó combatiendo el barraquismo con toda suerte de maniobras especulativas, edulcoradas por un sistema de renta limitada que no aguantó la llegada del libre mercado y la integración en la Unión Europea.
La crisis de 2008 se cebó sobre las clases medias que habían accedido a la vivienda valiéndose de los bajos tipos de interés pero sin contar ni con ayudas públicas ni con alquileres sociales. El resultado es que hoy gente con un buen empleo no puede pagar ni la compra ni el alquiler de la vivienda, especialmente si lo quiere hacer en localidades en las que compite con personas de otros países, sean inversores o turistas. Esta situación es angustiante y las administraciones están reaccionando, con soluciones desenfocadas que no ayudan.
En este contexto, hay movimientos sociales de matriz anticapitalista que buscan apropiarse del comprensible malestar ciudadano. Y buscan símbolos. Sus preferidos son casos de desahucio promovidos por fondos de inversiones o eso que ellos llaman grandes tenedores. El último símbolo es la Casa Orsola en Barcelona. No importa que el propietario espere al vencimiento de contratos. Ni que el anterior gobierno municipal descartara la compra del edificio. La Casa Orsola tiene que liberarse de la supuesta especulación. Aunque se vulneren otros derechos de quienes son también ciudadanos como son los propietarios.
En este debate, es importante que quienes sufren esta lacra presten atención a quién propone soluciones aparentemente mágicas. Y los resultados que han dado cuando se han intentado poner en marcha. Sobre todo cuando han preferido intentar controlar a la iniciativa privada antes que impulsar la inversión pública. La complejidad del problema es tal que nadie puede pretender tener toda la razón y quitársela a todos los demás. Ahuyentar a los especuladores no puede significar considerar que todo inversor lo es. Sería tan equivocado como pensar que hay inquilinos que no pagan pudiéndolo hacer.
Llegados a este punto la única solución posible es la mediación. Que se garanticen los derechos de todos. Y que se denuncien los abusos de todos, también de quienes pretenden cobrar peaje para disolver manifestaciones. El tema es suficientemente doloroso para que nadie venda crecepelos. Los dos aplazamientos concedidos por el juzgado han evitado una batalla campal pero la solución no puede pasar por la prolongación inoperante del conflicto.
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