Opinión | Movilidad

Profesora asociada de la Universitat de Barcelona

Sonia Andolz
Sonia AndolzProfesora asociada de la Universitat de Barcelona
Profesora asociada de la Universitat de Barcelona
Sanciones apresuradas para problemas de fondo

Bicicletas y patinetes cruzando paseo de Gracia / Jordi Cotrina
Los patinetes son un incordio. Las bicis también, para qué negarlo. Se deslizan por todas partes, a gran velocidad y sin control. Las motos, ni hablar: se cuelan entre coches, aparcan en la acera justo donde les conviene e incluso circulan en contra dirección por calles pequeñas. Y los coches, demasiados. Barcelona sufre un tráfico denso entre semana, contaminación y una lucha constante por el aparcamiento. Vehículos que no paran en los pasos de cebra, giros sin mirar si vienen ciclistas y, por supuesto, furgonetas y camiones de reparto que se detienen en cualquier sitio. Sin olvidar a los autobuses, los gigantes del asfalto.
La ciudad es un caos de movilidad. Demasiadas personas, demasiados vehículos y, al final, siempre nos molestan los demás si no somos usuarios. El problema de fondo es que Barcelona ha crecido sin un plan a largo plazo que haga compatibles todos los usos y derechos de quienes la habitamos. Estas fricciones generan conflictos más allá del tráfico y es urgente encontrar nuevos acuerdos. La ciudad es de todos y necesita equilibrio. El contrato social debe renovarse, poniendo especial atención en quienes viven y trabajan aquí.
El Ayuntamiento ha lanzado una propuesta de régimen sancionador y nuevas obligaciones. Podría ser acertada si antes se hubiesen agotado otras vías. A día de hoy, no existen medidas didácticas ni preventivas, y el Ayuntamiento tampoco ha demostrado voluntad de hacer cumplir las normativas vigentes para motos o bicicletas.
Para conducir un ciclomotor se exige un mínimo de conocimientos de seguridad vial: un permiso o una licencia. También es obligatorio llevar casco. ¿Qué se necesita para circular en bici o patinete eléctrico? Nada. Así, el patinete se ha convertido en la opción preferida de muchos jóvenes sin edad mínima o de quienes no pueden o no quieren sacarse una licencia de conducir, ya sea por motivos económicos, de idioma o de situación legal. No es difícil notar que una gran parte de los usuarios de estos vehículos son personas migrantes, lo que ha democratizado el transporte motorizado en la ciudad. Quien no puede permitirse una moto ni los gastos asociados, opta por un patinete, que requiere menos habilidades y menos inversión.
Este auge ha coincidido con la explosión de los llamados riders, que recorren los barrios con un zigzagueo rápido, mirando el GPS en el móvil y, a menudo, sin luces. Las quejas sobre la inseguridad peatonal han crecido, aunque es probable que muchos de quienes se quejan sean también usuarios de estos servicios. Las condiciones laborales de los mensajeros ya son bien conocidas: dependen de la rapidez para aumentar sus ingresos, lo que implica asumir riesgos. La Ley Rider debería mejorar sus derechos al tiempo que se refuerzan medidas para una conducción más segura.
Sin embargo, la propuesta de sanciones resulta incoherente. Barcelona no puede presumir de fomentar la movilidad sostenible si no cuenta con una red de carril bici segura y bien conectada. Tampoco puede promover transportes ecológicos y sostenibles mientras permite que las motos aparquen en cualquier sitio, cometan infracciones y ocupen las aceras sin apenas consecuencias. Que las sanciones para motocicletas sean menores que las de bicicletas y patinetes solo añade incongruencia a la normativa. Es, en definitiva, el tejado de una casa sin paredes.
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