Opinión | Vivienda

Presidenta del grupo municipal de BComú

Janet Sanz
Janet SanzPresidenta del grupo municipal de BComú
Presidenta del grupo municipal de BComú
La Casa Orsola o el Círculo Ecuestre

Concentració davant la Casa Orsola en contra del desnonament de Josep Torrent, ahir. | ZOWY VOETEN
Ser inquilina en Barcelona hoy en día es un peligro. De media, tras pagar el alquiler, a cada unidad familiar le quedan 600 euros al mes. A esta situación precaria se le suman las prácticas especulativas que sufrimos en la ciudad y que, directamente, nos expulsan de nuestros barrios. El ejemplo paradigmático es la Casa Orsola, una finca entera amenazada por un especulador con ganas de enriquecerse a costa del derecho a la vivienda.
Gracias al trabajo del Sindicat de Llogateres y a la participación del vecinadrio, la Casa Orsola no ha sufrido el primero de los desahucios previstos, el de Josep. Pero no tenemos que perder el foco: lo que quieren las entidades de vivienda, como el Sindicat de Llogateres, no es tener que parar desahucios cada semana. Quieren que las instituciones actúen, se anticipen y eviten más situaciones como esta. Es su obligación si atendemos y priorizamos el derecho a la vivienda. Tenemos que ser plenamente conscientes de que afrontar este reto es complejo y que implica todo un entramado de competencias que llegan de la plaza Sant Jaume hasta Bruselas. Pero esto no puede ser una excusa. Hace falta actuar y tenemos múltiples ejemplos de cómo las normativas se adaptan a situaciones con urgencia si hay voluntad política.
Por eso, lo que tendría que estar fuera de dudas es que los partidos progresistas tienen que hacer lo máximo posible. Y, en este punto, la pregunta es: ¿está haciendo Jaume Collboni todo lo que puede para encarar la crisis de la vivienda? La respuesta es clara: no. La comparativa con el anterior ejecutivo, encabezado por Ada Colau, es esclarecedora y elocuente.
En los años de Barcelona en Comú en el gobierno, la vivienda era una prioridad. A caballo de este objetivo se destinaron 200M euros a la compra de viviendas y a la rehabilitación, una cifra sin precedentes en el conjunto del país. Pero no todo fue comprar: el Ayuntamiento se convirtió en el principal promotor de vivienda pública, doblando el parque de la ciudad en ocho años. También se innovó creando la unidad antidesahucios, que evitó nueve de cada diez expulsiones en la ciudad. Evidentemente, el consistorio no lo podía hacerlo todo, pero el dinamismo de aquellos años contrasta con la pasividad y el estancamiento actual.
Otra novedad de aquellos años fue el tanteo y retracto (el derecho público a intervenir en una compra entre privados). La administración se dotó con una herramienta pionera para hacer frente a los especuladores, comprando y protegiendo viviendas de Barcelona. Gracias a esta medida, se compraron 1.600 viviendas y 51 edificios, destinando 120M euros. Por cierto, el gobierno del PSC ha reducido un 85% la partida reservada para esta política. Hemos pasado de comprar 200 viviendas cada año a comprar tan solo 30/año.
Durante el mandato Colau, el Ayuntamiento estuvo solo frente unas élites inmobiliarias ávidas y con unos recursos muy superiores. Para que nos hagamos una idea, en 2021, el año de la compra de la Casa Orsola, se produjeron 30 transacciones de edificios en el Eixample por un valor de 260M euros. Evidentemente, no se pudo llegar a todo. En estos mismos meses, el Ayuntamiento compró cinco edificios en el Eixample -Balmes (23 viviendas), Floridablanca (18), Calàbria (14), Diputació (32) y Comte Borrell (12)-. Se priorizaron las situaciones más urgentes, aquellas en las que los contratos de alquiler vencían antes.
Sabiendo que se podía hacer más, se continuó transformando la ciudad con medidas sin precedentes en el Estado. Una propuesta inspirada en París, que obliga a destinar el 30% de toda construcción o gran rehabilitación a vivienda a un precio asequible, puso en pie de guerra al 'lobby' inmobiliario. Pese a sus golpes, la tiramos adelante. Es una política que impacta en los barrios más tensionados como el del Eixample o Gràcia y desincentiva las prácticas especulativas. 62.000 hogares que viven de alquiler en 3.909 edificios se han visto beneficiados por este "dique de contención".
Por desgracia, sabemos que el gobierno del PSC quiere modificar el 30%, cogido de la mano derecha de Junts. Y mientras ayer estábamos todas en la Casa Orsola, Collboni prometía en las élites del Círculo Ecuestre la anulación de esta medida imprescindible para garantizar el derecho a la vivienda al conjunto de la ciudad. Según el informe del Institut d'Investigació Urbana de Barcelona, la propuesta de Collboni supondría reducir los edificios protegidos de casi 4.000 a 95, multiplicando el riesgo de vivir centenares de nuevas situaciones como la de la Casa Orsola.
Que el PSC es el más sensible a las presiones de las élites que el gobierno de Barcelona en Comú ya lo sabíamos. Lo hemos visto en cada ley y en cada propuesta que hacen. La política obliga a todos a tomar partido, y no permite posiciones tibias, especialmente frente las grandes crisis. La vivienda es el gran caballo de batalla hoy en día en Barcelona. El más urgente. La inacción del gobierno del PSC implica ponerse del bando de unos especuladores que no ven más caballos que los del Círculo Ecuestre.
La única manera de garantizar el derecho a la vivienda en Barcelona es llevar las competencias de cada administración hasta el límite. Es obligación de las instituciones públicas velar por los derechos de la ciudadanía. Por desgracia, el gobierno de Collboni lo ha dejado de hacer, y el precio lo pagan las vecinas de la ciudad.
Esta noche las vecinas de Barcelona volverán a parar el desahucio de Josep de la Casa Orsola, y la ausencia de Collboni volverá a ser sonada.
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