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Opinión | Políticas públicas
José María Raya

José María Raya

Catedrático del Tecnocampus-UPF.

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El drama de la VPO

La urgencia está en construir un parque de viviendas de titularidad pública permanente y en alquiler. Y hacerlo no será fácil

Las claves del anuncio de Illa en vivienda: 50.000 pisos, rapidez en la entrega y ayudas directas

Construcción de una promoción de vivienda pública en Barcelona, en una imagen de archivo.

Construcción de una promoción de vivienda pública en Barcelona, en una imagen de archivo. / FERRAN NADEU

Woody Allen define drama como comedia más tiempo. En vivienda, drama es drama más tiempo. En Catalunya apenas 2,5 viviendas en alquiler (1,1 del parque total) son viviendas sociales. La media europea se sitúa en torno al 10% y naciones como los Países Bajos tienen el 30%. ¿Cómo se ha llegado aquí? Primero, desde 2013, se ha paralizado el gasto público en vivienda en los planes estatales. De producirse unas 5.200 viviendas protegidas al año, se ha pasado a poco más de 200. Y a pesar del esfuerzo autonómico, se ha dividido la producción total de vivienda protegida (VPO) por cinco. El segundo factor, es que la VPO que se había construido con anterioridad era, en su mayoría, en régimen de propiedad con calificación no permanente. Es decir, pasado un plazo (entre 5 y 20 años), el propietario de la VPO la puede vender a precio de mercado. El fracaso es tal que en España, solo entre 1981 y 2019, se construyeron 2,36 millones de VPO. Según los datos del Colegio de Arquitectos y del Ministerio de Fomento, un 25% del parque actual de vivienda se ha erigido con apoyo público

No se trata de demonizar a la VPO en propiedad. Muchas familias vulnerables construyeron un hogar en base a ellas y ese patrimonio les permite encarar la vejez con seguridad. Pero, ahora, la urgencia está en construir un parque de viviendas de titularidad pública permanente y en alquiler. Y hacerlo no será fácil. Para llegar a los estándares europeos, Catalunya debería construir anualmente unos 20.000 pisos VPO en alquiler frente a los 1.200 que se edifican al año. Esto supondría multiplicar por 17 el ritmo actual. Por ejemplo, los 50.000 pisos anunciados por Illa en 2030 serán un avance, pero dado que 36.000 de las VPO perderán la titularidad pública, es muy insuficiente. Y no es sencillo eliminar estas calificaciones, pues los propietarios de las mismas también merecen seguridad jurídica. Se trata de creerse (y eso significa recursos) que la vivienda es un pilar del Estado del bienestar. Y ser consistentes en el tiempo.

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