Sánchez y la Justicia

Pocas cosas pueden sorprender ya al abrumado ciudadano español cuando hablamos de las relaciones entre el poder político y el judicial. Como se suele decir coloquialmente, ha hecho callo tras escuchar que "se puede controlar la sala segunda [del Tribunal Supremo] por detrás", que la Fiscalía "afina" lo que sea necesario o que hay políticos que tienen un "fiscal de confianza". Sin olvidar que por primera vez en democracia el fiscal general del Estado está imputado por una presunta revelación de secretos, de la que tuvo que dar cuenta este miércoles en el Supremo.

Por eso, cuando se anuncian reformas del poder judicial y además se esquiva el consenso con la oposición, es lícito ponerse en lo peor. Semanas después de proponer la modificación de la acusación popular con efectos retroactivos, en un movimiento que muchos han vinculado con la situación familiar del presidente Sánchez, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de la ley orgánica del Poder Judicial para introducir cambios de calado en el acceso y desarrollo de las carreras judicial y fiscal. También en los mecanismos para elegir las salas de gobierno y la comisión ética, así como en las vías de financiación de las asociaciones judiciales.

El Gobierno justifica estos cambios en la necesidad de fortalecer las carreras profesionales de jueces y fiscales, así como contribuir a la equidad buscando mayor pluralismo, pero los afectados sospechan que, en realidad, las medidas están encaminadas a incrementar el control político sobre el poder judicial. Es lo que sucede cuando reformas de este calado, que afectan a uno de los pilares del Estado, se hacen sin consenso al menos del principal partido de la oposición y en un contexto de casos judiciales que cercan al Gobierno.