Defender la vivienda es defender la democracia

El Ayuntamiento de Barcelona ha marcado la crisis de la vivienda como su prioridad principal. El compromiso del alcalde, Jaume Collboni, y del Gobierno municipal es hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar el derecho a la vivienda a todos los barceloneses y barcelonesas, y de manera muy especial a los jóvenes de las clases trabajadora y media.

Así es también en el caso de Casa Orsola, arrendatarios amenazados de desahucio a pesar de que nunca han faltado a sus compromisos de pago con la propiedad. El Ayuntamiento estudió la adquisición del inmueble en junio de 2021, durante el anterior mandato municipal, pero los informes técnicos y económicos consideraron que la propuesta no cumplía los requerimientos para incorporar la finca al parque público. Desde entonces, tanto los servicios municipales de vivienda como los del distrito del Eixample se han personado en diferentes ocasiones en el edificio para hacer múltiples comprobaciones y prospecciones. Se ha atendido a los vecinos, particularmente a los afectados por la amenaza del desahucio, y se les ha aconsejado sobre sus derechos y las posibles actuaciones.

¿Es esto suficiente para asegurar que situaciones como la que viven algunos vecinos de la Casa Orsola no se repetirán? Seguramente no. La lucha para garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad no será fácil ni corta. Negarlo sería demagogia. Pero sí puedo afirmar que el Gobierno de Barcelona no desfallecerá. Barcelona es pionera en España con la aplicación de la regulación que limita los precios al alquiler, y es pionera en el mundo con la decisión de eliminar los pisos turísticos en 2028. Una ciudad que en 2023 incorporó a cerca de 2.500 personas en el parque de vivienda pública y que ahora está duplicando la producción de pisos de protección oficial, pasando de las 500 viviendas a los 1.000 anuales. En definitiva, una ciudad con un Gobierno que hace todo lo que está en sus manos para evitar que situaciones duras e injustas, como de la de la Casa Orsola, no se produzcan más.

Y lo hacemos con una doble máxima: la primera, la escucha necesaria a lo que nos piden los ciudadanos y las ciudadanas. Por primera vez, la vivienda se ha incluido en la categoría de principal preocupación en Barcelona. Esto nos obliga a actuar con firmeza, porque la acción política pierde su sentido si no conecta con las necesidades de la gente.

La segunda es tan o más importante: cómo repite el alcalde Collboni, la lucha por la vivienda es, hoy, la lucha por la democracia. Para que la libertad y la democracia sean reales, hay que asegurar a todo el mundo unas condiciones materiales de vida que permitan ejercer nuestros derechos con igualdad y seguridad. No podemos tener un sistema de derechos y libertades sólido si no somos capaces de garantizar el Estado de bienestar, y esto incluye la vivienda. Seremos los primeros en erradicar los apartamentos turísticos, y queremos ser también los primeros en desplegar las inspecciones y sanciones para combatir con total firmeza posibles fraudes en el alquiler de temporada.

Nos encontramos en un momento clave para afrontar la crisis de la vivienda. Es momento de remar en la misma dirección y de asegurarnos que, juntos, somos capaces de desplegar la vivienda como quinta pata del Estado del bienestar. No será un proceso rápido pero no tenemos derecho al desaliento. El compromiso es firme, seguiremos adelante para hacer accesible lo que hoy todavía no es para muchos: una vivienda digna y de calidad.

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