Muface en la encrucijada

Escribo este texto en el tercer asalto (licitación) de un combate que hace tiempo que dura, sin saber si tirará la toalla uno de los contrincantes o si buscará alargar los 'rounds' en espera de ganar por puntos (incremento futuro de primas ofertadas, y reembolso de pérdidas del pasado). No tengo dudas de las múltiples presiones sobre las aseguradoras privadas hasta ahora 'conveniadas' por Muface que pueden estar recibiendo en estos momentos por parte del ministerio, temeroso ante la amenaza de una huelga de funcionarios. Por lo que sabemos por el momento, de entre las aseguradoras, DKV, que forma parte de una gran multinacional alemana, ya ha comunicado sin tapujos a sus afiliados que lo deja; Adeslas (Mutua Madrileña y La Caixa, ¡siempre la Caixa!), con más cromos a negociar, podría finalmente aceptar un nuevo asalto; y Asisa, como cooperativa, puede tener mayor predisposición a aceptar un nuevo acuerdo por parte de sus proveedores y profesionales. Pronto se sabrá.

Muface es una antigualla, una rémora de cuando los funcionarios estaban mal pagados, carecían de cobertura de seguridad social y a quienes había que ofrecer prebendas para integrarlos en un sistema de reparto. Entre los privilegios, la posibilidad de optar, sin coste para el mutualista, entre aseguradora pública o privada para las prestaciones sanitarias. Una capacidad que ciertamente está fuera del amparo constitucional para el resto de españoles. Una prerrogativa defendida ahora a capa y espada por los sindicatos de la función pública, pese a disfrutar de unas condiciones retributivas y de estabilidad que ya quisieran tener otros muchos trabajadores.

Al Estado, el convenio de Muface le ha ido bien, puesto que con la elección mayoritaria a favor de la prestación privada se ahorra la diferencia entre la prima pagada a las aseguradoras y el mayor coste del sistema público. Por su parte, las aseguradoras privadas se han buscado la vida con la rentabilidad que no daba la prima (siniestralidades de más del 100%) en los pagos adicionales por prestaciones marginales más allá de las conveniadas. Además, las aseguradoras bajo convenio han tenido un poder de contratación de servicios privados elevado por el volumen que les ha permitido presionar a la baja el pago a proveedores y profesionales. Cuando unos y otros han dicho basta se ha instalado la idea que el sistema no da más de sí. En el sector sanitario privado empiezan a verse colas de mufaces, diferenciadas de las de pago. También parece constatable que a las aseguradoras privadas que se despegaron del sistema en su día, optando por pólizas complementarias y no sustitutivas de la pública, no les ha ido del todo mal, con una rentabilidad en torno al 6%; especialmente, en comunidades acomodadas. Las pólizas rentables son hoy las moduladas por edad, centradas en la accesibilidad ambulatoria y en pruebas de diagnóstico que la tecnología ha ido abaratando (a diferencia de los tratamientos, cuyos precios no dejan de aumentar), manteniendo un cierto glamur en los equipamientos y un menor tiempo de espera que en la pública.

Si se produce un KO técnico del sistema Muface, seguro que las corporaciones públicas dirán que pueden acoger ese millón largo de antiguos beneficiarios privados con los recursos hoy entregados a las aseguradoras privadas, o probablemente, con más, que políticamente se reclamarán. El problema es, en mi opinión, que, tal y como funciona en la actualidad el sistema sanitario público, este puede efectivamente 'fagocitar' cualquier aumento de recursos sin que probablemente mejore demasiado la actividad asistencial y se evite un aumento significativo de las listas de espera. En todo caso, a pesar de que se alargue el sistema con nuevas pujas, ante el noqueo a esta colaboración público-privada creo que Muface tiene los días contados. Especialmente si el regulador exige una elección, si no de por vida, al menos por un puñado de años. Es probable que el mutualista informado desee garantizarse la prestación pública. Y, si tiene dinero suficiente, ya pagará el seguro complementario del que hablaba antes. Y con las pruebas de diagnóstico en la mano, reclamar tratamiento público, como ciudadano que es. Un tema distinto es la inequidad que representa este hecho.

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