El papel de la oposición

Esta semana el gobierno ha recibido un severo varapalo al no haber sido capaz de reunir los apoyos suficientes para aprobar un decreto ómnibus que contenía, entre otras medidas, la subida de las pensiones y del salario mínimo, la prórroga de los descuentos al transporte o la prohibición del corte de suministros y desahucios a personas vulnerables, medidas todas ellas englobadas en el denominado escudo social, así como ayudas a las zonas afectadas por la DANA o a la reconstrucción de la isla de la Palma tras la erupción volcánica de 2021.

El rechazo de PP y de Vox, los partidos que formalmente constituyen la oposición, al que se ha sumado la negativa de Junts per Catalunya, formación que contribuyó a la investidura de Pedro Sánchez pero que ha decidido no mantener su apoyo al ejecutivo hasta que este no cumpla con sus compromisos anteriores, han consumado la derrota del gobierno que ha reaccionado airadamente responsabilizando a la oposición de su fracaso. La naturaleza social de muchas de las medidas así como el elevado número de ciudadanos que pueden verse afectados porque el decreto no haya prosperado son los argumentos que esgrime el Gobierno para recriminar a la oposición su decisión y acusarla de insolidaria.

No obstante, la posición del ejecutivo en todo este asunto resulta extremadamente irresponsable y demagógica. Por un lado porque con ese decreto el Gobierno no hace más que tratar de enmascarar su dejación de funciones. No hay que perder de vista que muchas de las medidas en él contenidas se podrían haber incorporado a los Presupuestos Generales del Estado si el Gobierno se hubiese dignado a presentarlos ante el Parlamento en tiempo y forma, es decir tres meses antes de que expirasen los vigentes tal y como establece la Constitución. Pero resulta que desde que Sánchez fue investido en 2023 ni ha aprobado ni tan siquiera ha sometido a la consideración del Parlamento ningún presupuesto, ni a tiempo ni a destiempo, lo que lo convierte en el Presidente del Gobierno que ya ostenta el triste récord de ser el que menos presupuestos ha aprobado.

Y por el otro porque tanto el PP como Junts per Catalunya se han mostrado predispuestos a aprobar algunas de las medidas del decreto, principalmente las de carácter social como son la subida de las pensiones, la del salario mínimo y las ayudas al transporte, si el Gobierno las presentaba de manera desglosada. Pero el Gobierno ni ha atendido ni parece tener la intención de atender a esa petición y sigue apostando por mantener la integridad del decreto, lo cual no deja de ser un trágala que la oposición no está dispuesta a aceptar. 

Persistir en esta táctica es precisamente lo que puede permitir al Gobierno seguir abonándose al victimismo y dando rienda suelta a su demagogia porque ignora el hecho de que no es responsabilidad de la oposición salvar al Gobierno, más bien todo lo contario. La oposición, por definición, se opone al Gobierno y trata de erigirse en alternativa, una función que el ejecutivo, en estos momentos, desde una posición muy poco democrática y muy poco respetuosa con el pluralismo, está tratando de deslegitimar. 

Establece el profesor Gianfranco Pasquino en su obra sobre la oposición que en ninguna democracia occidental los gobiernos le dicen a la oposición como debe ser, y que en ninguna de ellas la oposición renuncia, de entrada, a ser dura e intransigente, crítica y destructiva, propositiva y alternativa.  Pero el ejecutivo socialista no solo le dice a la oposición lo que debe hacer y como comportarse sino que en vez de utilizar todo su poder coercitivo para negarle la oportunidad de oponerse a él, que es lo habitual según Robert A. Dahl en su estudio seminal sobre el papel de la oposición en las democracias occidentales, le da todo el protagonismo reconociendo que su incapacidad para sumar apoyos y para gobernar no es culpa de que su gobierno esté en minoría sino de una muy insolidaria oposición que, oh sorpresa, no le apoya.