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Editorial
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Reformar el poder judicial por consenso
Algunos cambios parecen encaminados a incrementar el control del poder político sobre el poder judicial
El Gobierno interviene en la carrera judicial y propone un centro de opositores

El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, atiende a los medios tras reunirse este viernes con el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. / Alberto Ortega / Europa Press
Semanas después de proponer la modificación de la acusación popular, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley de modificación de la ley orgánica del Poder Judicial y del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que introduce cambios de calado en el acceso y desarrollo de las carreras judicial y fiscal, en los mecanismos para elegir las salas de gobierno y la comisión de ética judicial y en las vías de financiación de las asociaciones judiciales.
Respecto a lo primero se modifica el sistema de oposiciones, se contemplan becas públicas a los opositores durante cuatro años por una cuantía igual al SMI, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a las carreras judicial y fiscal y se crea un centro público de opositores, así como un registro obligatorio para jueces y magistrados que hayan solicitado la compatibilidad para ayudar a preparar las oposiciones a jueces, con el objetivo de acabar con la economía sumergida en ese ámbito. Asimismo, se propone la creación de un cuarto turno para el acceso a la carrera fiscal y cambios en el procedimiento de acceso al cuarto turno judicial, para que una de cada cuatro plazas sea cubierta por juristas de reconocida competencia, así como la apertura de un proceso de regularización de jueces y magistrados. Al mismo tiempo, se establecen mecanismos para aumentar el personal de la administración de justicia, favoreciendo la especialización y la promoción automática a través de ascensos por antigüedad y de especialización.
El mandato de las salas de gobierno pasará de cinco a tres años y se introducirán cambios en el sistema de elección como el voto telemático, la prohibición del voto delegado, que las candidaturas sean individuales y que solo haya un voto por elector, con el objetivo de lograr una composición más plural, ya que habitualmente están dominadas por magistrados conservadores. Lo muestra el hecho de que, en las ultimas elecciones celebradas en noviembre, la Asociación Profesional de la Magistratura obtuvo más de la mitad de las plazas. Por su parte, la comisión de ética se ampliará de cinco a nueve miembros y dejará de ser elegida solo por los jueces, que seguirán nombrando a cinco miembros, mientras que los cuatro restantes serán designados por las Cortes Generales.
Por último, se prohíbe a las asociaciones profesionales de jueces y magistrados recibir financiación privada, quedando limitada a las cuotas de sus miembros y a las aportaciones públicas, y que el Ejecutivo justifica por la necesidad de garantizar una imagen de imparcialidad de la justicia.
Se trata de un conjunto de medidas que afectan a los mecanismos de selección de los jueces y fiscales y a los miembros de sus órganos internos. Si bien el argumento de fortalecer las carreras de esos profesionales, su desempeño y contribuir a la equidad resultan loables, no lo son tanto el resto de reformas que, bajo la apariencia de buscar el pluralismo, parecen más encaminadas a incrementar el control del poder político sobre el judicial y a laminar su independencia que a mejorar su funcionamiento. Todo ello tramitado por el procedimiento de urgencia, sin contar ni con la administración de justicia ni con las organizaciones judiciales. Y lo más preocupante, sin vocación de consenso, que es lo que puede garantizar que las reformas institucionales sean duraderas.
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