Prorrogar no es ninguna solución

España, Catalunya y Barcelona han empezado 2025 sin un horizonte que permita confiar en que puedan aprobar sus presupuestos para este año. De momento, tanto el Gobierno de España como el Govern de la Generalitat se han ahorrado el apuro de ver cómo se rechazan sus cuentas evitando presentarlas, y aunque el Ayuntamiento de Barcelona lo ha hecho esta semana, solo cuenta hasta el momento con el compromiso de recibir el voto favorable de ERC, insuficiente aún. Aunque tanto el Gobierno de España como el de la Generalitat se hayan acostumbrado en la última década a no aprobar puntual y anualmente presupuestos tal y como es preceptivo, y a tirar del recurso de la prórroga, no hay que olvidar que presentar y aprobar las cuentas anuales que permiten gobernar y desplegar prioridades políticas (o compromisos que permitan consolidar mayorías estables) es una de las funciones principales del poder ejecutivo. Los gobiernos de Francia y de Alemania han caído como consecuencia de ello. Y cabe recordar que el año pasado Pere Aragonès disolvió anticipadamente el Parlament porque los Comuns se negaron aprobarle las cuentas.

Sin embargo, no parece que perspectiva de no poder aprobar unas cuentas que hagan posible que las promesas de emprender ambiciosas políticas públicas se conviertan en medidas efectivas sea tratada con la seriedad que merece. La posibilidad de renunciar a esta herramienta no puede sobrevolar frívolamente la escena política durante meses, después de un aplazamiento que se suponía que debía despejarse en un sentido u otro una vez definido el ciclo de congresos por el que han pasado diversos partidos políticos.

Que la tramitación o no de una insustancial iniciativa en términos reales como una cuestión de confianza que Pedro Sánchez debería autoinfligirse a petición de Junts pueda ser motivo para romper la baraja de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado no guarda proporción con las consecuencias que dicha ruptura tendría, para empezar, en la disponibilidad de recursos por parte de las comunidades autónomas. Algo similar podría decirse de las diferencias entre el PSOE y sus socios de Sumar o sus exsocios de Podemos, o de la disposición de los socialistas a considerar una eventual nueva prórroga presupuestaria como un incidente más en el camino, demasiado menor para cuestionar la continuidad de la legislatura hasta su término. Tampoco se puede, como se ha hecho en Catalunya, minimizar las consecuencias de la falta de unas nuevas cuentas para 2025 al afirmar que ni se acaba el mundo ni se cae Catalunya porque no los haya. Efectivamente eso es así, y declaraciones de este tipo pueden entenderse como una gesticulación negociadora más. Pero aunque la consellera de Economia defienda que no se van a perder recursos, lo cierto es que para que esa predicción se cumpla es necesario un decreto de prórroga de las cuentas de 2023 (en 2024 no hubo) que incorpore además 4.000 millones de euros adicionales, y ese decreto debe ser convalidado con apoyos que no están garantizados.

Aspirar a poner en marcha una acción de gobierno que suponga un paso adelante en materia de vivienda, infraestructuras o educación requiere, por parte de todos los partidos con vocación de gobierno, de un esfuerzo de responsabilidad que de momento no se vislumbra.