Opinión | Apunte

Redactor jefe de Economía

Agustí Sala
Agustí SalaRedactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
Muface, funcionarios y envejecimiento
Aviso formal a Muface: CSIF emprenderá acciones administrativas, civiles y penales por la "desatención" a los funcionarios
La patronal de las aseguradoras apuesta por "un margen de mejora" en la prima de Muface para atraer a las compañías

La incertidumbre por la continuidad de Muface sigue para 1,5 millones de personas. / Archivo
Mucho se habla estos días de Muface, la modalidad que permite a los funcionarios de la administración general del Estado elegir entre la prestación sociosanitaria pública o la privada, a la que se acogen alrededor de 1,5 millones de personas, entre mutualistas y beneficiarios (familiares) en toda España. De las aseguradoras que prestaban este servicio, SegurCaixa Adeslas y DKV han decidido retirarse del concurso, cuyo plazo se ha ampliado hasta el 27 de enero, y está por ver qué hará la tercera, Asisa. Las compañías reclaman contratos adaptables anualmente en vez de por tres años para poder ajustar los costes.
Es verdad que una parte del Ejecutivo y de la sociedad ven Muface como un privilegio del colectivo de empleados públicos, pero es un derecho que adquirido y que, evidentemente, batallarán por retener con el apoyo sindical. También es verdad que las aseguradoras, que años atrás no veían tantos problemas en la prestación de estos servicios a este colectivo, que les garantizaban un interesante volumen de negocio, son conscientes de que la plantilla pública está envejecida, lo que se traduce en mayores costes: más peticiones de consultas, prestaciones y demás servicios.
Se calcula que más de la mitad de los actuales funcionarios y del personal laboral al servicio de la Administración General del Estado estarán jubilados en un periodo de poco más de 10 años. Su edad media en enero de 2024 era de 50,48 años con una disminución por cuarto año consecutivo como consecuencia de las nuevas incorporaciones en los últimos años, según los datos del propio Ejecutivo.
En todo caso, pese a las ofertas públicas de empleo de los últimos años con el Gobierno de Pedro Sánchez, apenas se ha mitigado el impacto de la avalancha de jubilaciones previstas ya que muchos empleados públicos se retiran antes de los 65 años. Un rejuvenecimiento sustancial de la plantilla seguro que atraería de nuevo a compañías. Y, en todo caso, si fracasa el sistema no quedará más que reforzar la sanidad pública, que lo requiere.
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