Un fiscal contra las cuerdas

La causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso vivirá hoy un día decisivo, tanto o más que la propia declaración del imputado a finales de enero. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, comparece ante el Supremo y podrá explicar por qué la noche de autos se rebeló contra García Ortiz y se negó a difundir una nota sobre la pareja de Ayuso al considerar que se hacían públicos datos personales de un ciudadano particular.

El testimonio de Lastra ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya provocó que el caso escalara al Tribunal Supremo y haya acabado con la imputación, por primera vez en la historia, de un fiscal general del Estado. Gracias a los whatsapp que Lastra intercambió aquella noche con García Ortiz, también conocemos que el fiscal general argumentó que era necesario hacer una nota sobre el presunto fraude fiscal del novio de Ayuso porque “no pueden ganar el relato”. A diferencia de García Ortiz, la fiscal Lastra no borró sus mensajes de whatsapp, que están aportados a la causa, y gracias a ellos conocemos cómo se desarrolló su conversación aquella noche.

La conversación de García Ortiz con Lastra refleja el interés por parte del fiscal general en hacer pública la negociación del novio de Ayuso con la Fiscalía para llegar a un acuerdo por su presunto fraude fiscal. Y puede servir para conocer el hecho clave del caso: ¿remitió García Ortiz a Moncloa el mail con la negociación entre González Amador y el fiscal para que el Gobierno lo difundiera? Eso es lo relevante, porque el fiscal general es un cargo público y tiene el deber de custodia de información tan sensible para cualquier ciudadano.

Por ello no deja de ser una cortina de humo el debate abierto los últimos días sobre si el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, difundió o no información incompleta sobre el caso y algún medio de comunicación la publicó sin contrastar. De ser así, sería relevante para la propia Ayuso, para quien trabaja Rodríguez y a quien corresponde evaluar su comportamiento, y para el medio de comunicación que publicó la información, que podría sentirse engañado.

Aquella noche, medios como EL PERIÓDICO DE ESPAÑA no se dejaron arrastrar por una parte ni por la otra y publicaron las versiones opuestas que sobre los hechos difundían la Fiscalía y el Gobierno de Madrid. 

Pero la praxis profesional de Miguel Ángel Rodríguez no es el objeto de esta causa, sino si el fiscal general del Estado se saltó la obligación de custodiar datos personales de un ciudadano particular, por mucho que su pareja sea una política relevante, y difundió un mail que nunca debió haber trascendido. Eso es lo que tiene que dirimir la Justicia y el testimonio que prestará hoy la fiscal superior de Madrid puede ser decisivo.