Varapalo judicial a las políticas de la UE

Dos decisiones judiciales de esta semana suponen un duro revés para las políticas avaladas en la práctica por la Comisión Europea y la Unión Europea (UE) de expulsar en caliente inmigrantes antes de puedan solicitar asilo y de facilitar la transferencia de datos personales de los europeos a Estados Unidos con garantías insuficientes y una protección inferior a la exigida por la ley europea.

La primera sentencia es del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que el 7 de enero condenó a Grecia por su práctica "sistemática" y "organizada" de detención ilegal y deportación forzada de refugiados antes de que puedan formalizar su demanda de asilo, dejando sin registro su entrada en el país. La sentencia se basa en el caso de la ciudadana turca A. R. E. perseguida por el régimen autoritario de Ankara y acusada de pertenecer a la asociación del predicador musulmán Fethullah Gülen (fallecido en EEUU en 2024). La mujer logró entrar en Grecia en 2019 para pedir asilo, pero fue detenida por la policía y devuelta a Turquía, donde acabó en prisión.

La sentencia establece que Grecia violó los artículos 2, 3, 5 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por poner en riesgo su vida, por trato inhumano y degradante, por detención ilegal, por deportación forzada, por privación del derecho a solicitar asilo y por negación de recurso judicial efectivo. Además de la pruebas aportadas por la víctima, el tribunal se apoya en los reiterados informes del Defensor del Pueblo de Grecia, de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos de Grecia, del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) y de diferentes organismos del Consejo de Europa.

En estos informes se recopilan incidentes de retornos forzados por tierra y mar en Grecia con más de 17.000 personas afectadas, precisa la sentencia. El Gobierno griego lo niega todo y la Comisión Europea se ha abstenido de adoptar medidas para acabar con esas operaciones. En junio de 2023 perecieron ahogados más de 500 inmigrantes en el mar Jónico al naufragar el pesquero en el que viajaban al ser arrastrados por la fuerza por un guardacostas griego hacia aguas italianas, según las investigaciones de la BBC, 'The Guardian', 'The New York Times' y la televisión alemana ARD que invalidaron la versión griega.

Práctica documentada

Las devoluciones en caliente también están ampliamente documentadas en Bulgaria, Croacia, Austria, Hungría, Rumanía, los países bálticos, Polonia, Finlandia y España (Ceuta y Melilla). Finlandia, Polonia, Lituania y Letonia han adoptado leyes que legalizan esas devoluciones en caliente para impedir la entrada de demandantes de asilo que no sean ucranianos con el respaldo de la Comisión Europea, que considera que la llegada a esa zona de unos cientos de refugiados e inmigrantes anuales de Asia y África son parte de una guerra híbrida de Bielorrusia y Rusia, aunque huyan de la represión, la guerra o la miseria como los más de 46.800 que llegaron a Canarias en 2024. Frontex reconoce que la inmensa mayoría de las 16.530 llegadas irregulares en el flanco oriental de la UE en 2024 fueron ucranianos en edad militar que huían de la guerra y el reclutamiento.

La segunda sentencia fue del Tribunal de Justicia de la UE, que el 8 de enero condenó a la Comisión Europea por la transferencia a EEUU a través de Facebook de los datos privados de un europeo en 2022 después de registrarse por internet a un acto de la Comisión Europea que ofrecía identificarse con las claves de esta red social. El Tribunal de la UE destaca que "la Comisión Europea no ha demostrado, ni siquiera alegado, la existencia de una garantía adecuada" de protección de datos personales, incumpliendo la normativa de la UE. La indemnización aprobada abre la vía a futuras demandas colectivas.

El Tribunal de la UE ya anuló en 2015 y en 2020 con dos sentencias demoledoras los acuerdos de la Comisión Europea con EEUU para la transferencia de datos personales de los clientes de multinacionales. El tribunal estimó que los acuerdos incumplían la legislación europea de protección de datos, que las leyes y prácticas norteamericanas no ofrecían garantías y que dejaban a los ciudadanos desprotegidos e indefensos, en especial frente a los servicios de inteligencia y seguridad de EEUU. La Comisión Europea adoptó en julio de 2023 un nuevo acuerdo con EEUU, asegurando que ofrecía garantías adecuadas. Pero ha sido criticado por los abogados y organizaciones de protección de datos como una mera copia cosmética de los acuerdos anulados.

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