Plan de acción por la democracia: burocracia y continuismo

El escándalo y la alarma ante la desinformación y las noticias falsas no responden al rechazo de la mentira. De hecho, los políticos siempre se han tomado muchas licencias respecto a la verdad y a sus propias promesas. Más bien, procede de la crisis de la doctrina sobre la sociedad de la información en que la Unión Europea ha basado gran parte de sus políticas.

Esa doctrina mitificó la producción de información, creyendo que mejoraría mecánicamente la economía y la democracia. Solo se ocupó de infraestructuras y de conectividad. No reparó en la importancia de filtros y mediaciones, ni atendió a la calidad de la información. Eso sí, logró que -tras la caída del muro de Berlín y aprovechando los vientos de la globalización- se formara un consenso transversal en torno al 'informacionismo', que estaba destinado a sustituir el clásico enfrentamiento entre izquierda y derecha.

Sin embargo, esa doctrina ha fallado. Tras treinta años de 'políticas informacionistas', la productividad europea permanece estancada; la prosperidad no ha aumentado; y nuestra democracia es hoy más débil. Por si fuera poco, el avance tecnológico de China y Estados Unidos está dejando a Europa prácticamente fuera de juego.

No estamos, pues, ante un fallo accidental (y subsanable) del entramado comunicacional sino frente a un problema estructural, que afecta a la lógica profunda del sistema.

Es en este contexto en el que hay que situar el controvertido plan de acción por la democracia del Gobierno, puesto en marcha recientemente. ¿Es una intervención ideológica? ¿Propone alguna reforma? ¿O deja las cosas como están?

Hay que reconocer que es burocrático y continuista. Pese a tanta polémica suscitada, no hay en él signos ni de intervencionismo (como pretende la oposición) ni de reformismo (como pretende el Gobierno). Es, sobre todo, poco ambicioso.

Aborda dos cuestiones, transparencia gubernamental, y medios. Pero en ambas, prevalece el statu quo. Respecto a la primera, solo propone avanzar en la iniciativa de gobierno abierto de la ONU -Objetivos de Desarrollo Sostenible-; o sea, buscar la honestidad y la transparencia de la Administración. A esto suma cuestiones tan obvias como que la publicidad institucional del Ejecutivo se base en criterios objetivos, o que los debates electorales se regulen.

Sobre los medios, tampoco nada revolucionario: continuismo burocrático con el reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación, y actualización de algunas leyes ya vigentes. Así, propone aumentar la información tanto sobre la propiedad de los medios -que, por cierto, ya era accesible consultando el registro comercial- como sobre la financiación de las empresas mediáticas; y actualizar, de paso, algunos de los derechos que permiten el empoderamiento de los ciudadanos (rectificación) y los periodistas (secreto profesional).

¿Hay alguna propuesta de reforma? Ninguna, solo un ligero cambio de tono. Si hasta ahora las políticas mediáticas se centraban en infraestructuras y conectividad, ahora se enfatiza la transparencia y la calidad de la información. Si antes mitifican el libre flujo de la información (vieja doctrina de Estados Unidos), hoy hablan, como compensación, de empoderar a los ciudadanos y periodistas.

¿Qué se echa en falta? Básicamente, visión estratégica de futuro y un auténtico espíritu de reforma.

De hecho, afrontar la mejora de la esfera pública -y no solo mencionarla- exigee una reforma profunda en muchos aspectos de nuestro ecosistema mediático. A saber, y entre otros: regulación (y fiscalidad) de las redes sociales y las grandes tecnológicas; reducir el abuso de posición dominante de algunas multinacionales mediáticas; defender, de verdad, la independencia periodística y la de los medios públicos; garantizar la sostenibilidad del periodismo de calidad como bien cultural; amparar los derechos ciudadanos frente a una mediatización cada vez más invasiva e irrespetuosa; luchar contra el tecno-eudalismo y el imperialismo tecnológico, etc.

Pero, sobre todo, emprender una profunda reforma que garantice la alfabetización mediática de la ciudadanía. ¡Y esto son ya palabras mayores!

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