Crispación extrema en Venezuela

Venezuela aguarda mañana la investidura de Nicolás Maduro para un nuevo mandato presidencial en una atmósfera de creciente tensión. Las manifestaciones convocadas por la oposición y por el oficialismo en Caracas y otras ciudades alimentan la crispación, con un despliegue sin precedentes del ejército y de la policía, reiteradas amenazas de detener al candidato electo Edmundo González –de acuerdo con las actas electorales en su poder– si pisa suelo venezolano, y el arresto de un número indeterminado de figuras de la oposición, bajo la acusación genérica de promover un golpe activado por Estados Unidos. Con esos mimbres, cualquier temor está justificado, pero es de desear que el derecho a manifestarse se ejerza sin violencia por ninguna de las dos partes y que se evite un choque en la calle que agrave la crisis en curso.

A la oposición le sobran razones para considerar que la investidura de Maduro carece de legitimidad, porque el presidente y la Comisión Nacional Electoral siguen sin mostrar las actas de las elecciones que prueban su victoria el 28 de julio del año pasado. Es asimismo significativa la exigencia democrática de los presidentes de Colombia, Brasil y Chile, al exigir a Maduro que muestre la documentación que certifique inequívocamente su victoria. Y no es menos significativo del rumbo que enfila el régimen venezolano al contar con el apoyo explícito de Rusia, China e Irán. Son esos los datos esenciales para entender las sombras que se ciernen sobre la investidura de Maduro.

Resultaría precipitado deducir de todo ello que la única alternativa al pulso del presidente venezolano es consagrar sin más a Edmundo González como presidente legítimo y reconocer su elección, sean cuales sean las condiciones en que esta se produzca. Para España, el camino a seguir es de una complejidad extrema –la Unión Europea ha decidido no enviar a ningún representante a la investidura de Maduro– si no se quieren cercenar las vías de comunicación con el régimen, complicar las inversiones en el país y la presencia en él de 350.000 españoles. El precedente del reconocimiento en 2019 de Juan Guaidó como presidente encargado demuestra hasta qué punto las prisas pueden desembocar en una gran decepción, cuando no en un fracaso: Guaidó no alteró sustancialmente el desarrollo de los acontecimientos y acabó en el exilio; José Luis Rodríguez Zapatero intentó abrir vías de mediación y nada concreto logró.

Se dan, en cuanto acontece en Venezuela, todos los ingredientes de un enfrentamiento civil extremo: una crisis económica irresoluble, una fractura social más profunda cada día que pasa, un ahondamiento del perfil represor del régimen y un ejército, acaso el más poderoso de Sudamérica, columna vertebral del madurismo. Factores todos ellos que explican el desparpajo con el que el presidente burla las exigencias de transparencia de la comunidad internacional y persigue a sus adversarios. Pero nunca, desde el fallido golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez, se ha visto el régimen venezolano tan impugnado desde dentro, con una oposición conservadora razonablemente unida por María Corina Machado, y desde fuera, por un frente democrático que exige a Maduro juego limpio electoral. Una situación que se asemeja a una crisis de Estado llena de incertidumbres.