No es país para pactos (de Estado)

Por más que sean necesarios, imprescindibles incluso, por más que todos los representantes políticos hagan proclamas sobre su conveniencia y, ¡ojo ahí!, sobre su disposición política y personal a alcanzarlos, la realidad es que este no parece ser un país para pactos. No, al menos, para aquellos que involucren al Gobierno y al principal partido de la oposición, que reaccionan ante la posibilidad de esos acuerdos como si les produjeran alergia. La culpa siempre es del rival, porque tal y como está ahora el ambiente, enfrentados en una pelea a vida o muerte —política, se entiende—, tratan de sacudirse las responsabilidades y de achacárselas al partido de enfrente, especialmente si está en el Gobierno. Así que, en este contexto táctico-anímico, no se podía esperar mucho de la cumbre de presidentes autonómicos celebrada este viernes en Santander. Y, de hecho, nada palpable ha salido de ella, más allá de una foto, inédita en los últimos tiempos, en la que no faltaba ni un solo presidente, y de una sucesión de discursos, casi todos repletos de reproches.

Es cierto que el presidente Pedro Sánchez ha tardado casi tres años en convocar una conferencia autonómica, pese a que hay asuntos urgentes que tratar y que deben abordarse desde la cogobernanza, bien porque las competencias están transferidas a las comunidades o porque son compartidas entre estas y el Estado. Los problemas más acuciantes estaban sobre la mesa: la reforma de la financiación, la vivienda, la inmigración y la necesidad de mejorar la sanidad pública. Asuntos urgentes, sí, pero si se tiene en cuenta que llevan meses sin ponerse siquiera de acuerdo en cómo acoger entre todos a los más de 5.000 menores llegados en pateras a Canarias, parecía inimaginable que avanzaran tampoco en las demás cuestiones. Aunque allí gobierna Coalición Canaria con el PP, son precisamente los populares quienes más se resisten, cuando no se niegan en redondo, a acoger a una parte de esos niños desamparados en sus autonomías.

La falta de acuerdo no proviene únicamente de que existan distintas posiciones sobre cómo se configura el Estado autonómico —aunque, 46 años después de haberse aprobado la Constitución, ya debería estar más que asumido—, o sobre divergencias en políticas concretas, sino de la ausencia de la dosis de honestidad necesaria para afrontar los problemas comunes y encontrar soluciones. Cuando a veces algunos presidentes populares hacen más hincapié en recitar el argumentario de su partido que en defender las necesidades de sus autonomías, parece que su prioridad sea únicamente la de hacerle oposición a Sánchez, al que el PP quiere echar del Gobierno cuanto antes. El ejemplo más claro es, como siempre, el de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convertida en ariete contra el Gobierno y en adalid de las políticas ultraliberales. El modelo opuesto es el del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, siempre constructivo, siempre dispuesto a allanar el camino del acuerdo y la convivencia entre opuestos. Si su ejemplo fructificara, ¡ojalá!, las cosas irían mejor. 

Suscríbete para seguir leyendo