Marchena

Ningún presidente de la Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, ha tenido tanta notoriedad como Don Manuel Marchena Gómez, pese a que su trayectoria es relativamente reciente, pues no fue hasta 2007 que el CGPJ lo nombró magistrado del Tribunal Supremo. Toda su vida profesional la había desarrollado en la Fiscalía, institución en la que ostentó cargos relevantes como la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, la Jefatura de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o la Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo. De hecho, en esos cargos estuvo a las órdenes de diversos fiscales generales, como el exluchador canario Eligio Hernández, Juan Ortiz Úrculo y Jesús Cardenal, quien le nombró fiscal de sala, el rango más alto de la carrera fiscal, redactando circulares, instrucciones y consultas que han conformado la actual posición de la Fiscalía, que reclama la instrucción de las causas penales, sustituyendo a los jueces, como expresa la Circular 2/2022 dictada por Álvaro García Ortiz.

Desde que el CGPJ reconvirtió a Marchena en magistrado, ha tenido un ascenso meteórico, hasta que, en 2018, cuando se había alcanzado un histórico acuerdo entre el PP y el PSOE, siempre a la greña en materia judicial, en cuya virtud Marchena sería el nuevo presidente, este sorprendió a propios y extraños renunciando a ese nombramiento ‘in pectore’, tras aparecer en los medios un WhatsApp de Cosidó, en el que se jactaba de controlar a la judicatura por la puerta de atrás. Muchos pensaron que la renuncia de Marchena se debía a una real o aparente voluntad de independencia del PP, pero cuando ‘volvió’ al Supremo, muchos pensamos que era justamente lo contrario, sobre todo tras la sentencia que puso fin al juicio por el ‘procés’.

No cabe duda sobre la alta calidad jurídica de Marchena, doctor en Derecho y profesor en diversas universidades, ni sobre su fino sentido del humor, que constatan quienes le conocen, que incluso se puede ver en grabaciones del juicio del ‘procés’, que se han viralizado. Otra cosa es que esa incuestionable altura jurídica o incluso su sentido del humor hayan cristalizado en el juicio más importante que ha presidido, es decir, el que culminó con la sentencia de 14 de octubre de 2019, en la que Marchena ostentó el máximo protagonismo, después de haber renunciado a la presidencia del CGPJ para poder hacerlo.

Marchena ha intervenido en asuntos tan importantes como el caso Bono, el caso de escuchas telefónicas de Baltasar Garzón, el caso por la obtención fraudulenta de pensiones conocido como caso Campanario, el caso Atutxa y un largo etcétera, pero esa calidad no le permitió, a mi juicio, calibrar debidamente los hechos del ‘procés’, en los que su manifiesta influencia sobre toda la Sala Segunda llevó a esta a dictar una sentencia desmesurada, desproporcionada y plagada de errores de bulto, que incendió Catalunya, de forma tal que prácticamente estábamos en un país roto, que fue lo que me motivó a solicitar los indultos.

Y aun concedidos los indultos, los efectos políticos de aquella sentencia han obligado, sucesivamente, a derogar la sedición, modificar los desórdenes públicos y la malversación, y dictar la ley de amnistía, y aun así, la Sala Segunda bajo la égida de Marchena aún insiste en la inaplicabilidad de la amnistía, con argumentos jurídicos de muy dudosa calidad, y que están pendientes de sentencia del Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, con quien Marchena tiene una indisimulada relación personal de enemistad, que ha agravado la reciente sentencia del TC que anuló las condenas por el asunto de los ere.

Creo que, en estos excesos, y lo digo con todo el respeto que merece, asoma su condición de fiscal sobre la de magistrado, y que su simpatía por el PP es la única que explica que haya admitido recientemente la querella contra el actual fiscal general, poniendo en peligro a estas dos altas instituciones del Estado. 

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