El futuro del sistema sanitario catalán

Una nueva comisión de estudio encara, estos días, una mirada sobre el futuro del sistema de salud de Catalunya, presidida por Manel del Castillo, director gerente de uno de los hospitales más solventes, proveedor del propio sistema hospitalario de Catalunya. En mi comparecencia en la comisión ya hice constar, desde la experiencia de haber estado en múltiples comisiones de todo tipo a lo largo de mi vida académica -sin haber sido comisionista de ninguna-, que me sorprendería que ‘esta vez sí’. Pero, con la voluntad que así sea, he querido colaborar.

Algunas valoraciones que derivo. Primero. No hace falta que ningún conseller o consellera vuelva a decir que quiere en Catalunya un gasto sanitario público en términos de PIB como la media europea (¡ni la española!) si no está dispuesto o dispuesta a romper con el régimen común de financiación autonómica. Mientras este se base en una transferencia según el peso relativo de la población catalana, ciertamente nuestro gasto/PIB será inferior a la media: si el peso de la renta es mayor que el peso de la demografía, indicando así una mayor renta per cápita, el resultante es de aritmética infantil; nuestra ratio de gasto público respecto de la renta siempre estará por debajo. Por lo tanto, preservar la supuesta equidad, como ahora se concibe en la financiación autonómica estatal, nunca podrá permitir un gasto sanitario público en consonancia con el nivel de desarrollo del país; ni en prestaciones, ni en los sueldos de sus profesionales. Eso sí, siempre que el diferencial de financiación no se quiera cubrir con más recargos o copagos, profundizando lo que algunos ya consideran como 'infierno fiscal' catalán, o en una sociedad de peaje que paga primas, además de impuestos. En definitiva: no se puede estar en misa y, a la vez, repicando.

Segundo. Más allá de lo que diga buena parte de la clase empresarial, será muy difícil justificar socialmente más ingresos propios solo subiendo los impuestos, a la vista de quien mayoritariamente los paga (rentas del trabajo y por cuenta ajena, en particular) y los elementos redistributivos que contienen (la regresividad del IVA y de los impuestos especiales). Quien espera más recursos y no quiere romper con la ‘solidaridad’, tal como se entiende hoy entre comunidades autónomas, tendrá que pensar en tasas y copagos, que son la misma cosa. Y esto se tiene que hacer bien, si no queremos malograr la equidad del sistema público.

Los estudios muestran que el gasto público se comporta como un bien de lujo. La sanidad que tenemos se pone en valor, y cada vez más, en la medida que la sociedad se desarrolla. Además, la composición entre gasto público y privado es normal que cambie a favor del segundo, en una sociedad que empiece a valorar elementos de las prestaciones por las cuales el ciudadano quiere elegir, o tiene diversidad de preferencias. Si paramos aquí la prognosis, el camino nos lleva inequívocamente a la inequidad social, cuando traducimos la perspectiva macro a la micro. Pero sabemos también que, por mucho gasto que se haga, la salud de la población no aumenta del mismo modo; más no siempre es mejor. De forma que no todo el gasto tiene que ser necesariamente inequitativo: la clave es que cubra la sanidad pública a efectos de la mayor efectividad sobre la salud poblacional. Por eso, o bien ordena el catálogo según la efectividad relativa de las prestaciones (a menos efectividad, más aportación del usuario), o bien lo prioriza por coste-efectividad: aquello que es efectivo, pero de coste en cada momento inasumible, queda fuera de la cobertura pública, ¡hecho que equivale a un copago del 100%! No hay medias tintas. Dado el presupuesto, la sostenibilidad financiera decidida en el Parlament, o se ancla el gasto con criterios estrictos de priorización o se incrementa la financiación con más ingresos, haciéndolo con copagos o con pagos del 100%.

Justo es decir, finalmente, que frente a estos supuestos la mejora de la gestión para liberar recursos no es una alternativa de financiación, sino una obligación permanente del buen gestor.

Y un tema final y más complejo. Como costará mucho, por una vía u otra, contar con más recursos para la salud, tenemos que pensar muy bien cómo los gastamos. La idea del universalismo (todo para todos) no ayuda a la solvencia del sistema, como tampoco la de quien reivindica la barra libre desde su condición de ‘cotizante’. Marginalmente, cada vez más las políticas públicas tendrán que ser más selectivas e integradas. De hecho, el objetivo ‘salud’ viene afectado y afecta a todas las políticas. Considerándolo, tendremos que gastar con más ’precisión’. Los datos que se tienen de los ciudadanos, desde las contribuciones a la utilización de los servicios públicos, lo pueden empezar a permitir y, sin estigmas de beneficencia, las políticas pueden afinar más las prestaciones y aportaciones. Si la inteligencia artificial nos permite, hoy, la medicina individualizada, de precisión, predictiva, singularizable, ¿por qué no también en prestaciones?

Suscríbete para seguir leyendo