Mismo trabajo, mismo sueldo

En los últimos años, la importancia de los servicios sociales ha aumentado considerablemente, especialmente en el contexto de la intensa transición demográfica que estamos viviendo, con más personas mayores que nunca y que viven y vivirán más años que nunca, y del aumento de la demanda de atención a colectivos con necesidades más especiales y complejas. En este contexto, la integración de los servicios sociales con los de salud se ha convertido en una prioridad de los gobiernos.También en Catalunya. El Govern ha vuelto a enviar al Parlament el proyecto de ley de creación de la Agència d' Atenció Integrada Social i Sanitària, que en la anterior legislatura no pudo acabar su trámite parlamentario por el avance de la convocatoria electoral. Ahora bien, esta transformación de la atención no puede ser efectiva sin garantizar condiciones laborales justas para las trabajadoras de los servicios sociales, incluyendo la equiparación salarial con las trabajadoras del sector de la salud, como necesidad más evidente.

Las trabajadoras de los servicios sociales, mayoritariamente mujeres, se encuentran en una situación de precariedad laboral, con salarios que no reflejan la importancia de su trabajo. Esta realidad es especialmente grave en un momento en que se están implementando modelos de atención integrada, que buscan coordinar a los servicios sociales y sanitarios para ofrecer una respuesta más eficaz y próxima a las necesidades de la población.

La atención integrada social y sanitaria no solo mejora la eficiencia del sistema, sino que también responde a las necesidades complejas de las personas, especialmente de las más vulnerables. Esta nueva forma de trabajar requiere profesionales formados, comprometidos y motivados, que necesitan un apoyo estructural adecuado. Su tarea implica una gran responsabilidad y una carga emocional considerable, factores que tendrían que ser compensados con salarios dignos. Ya hace 15 años que la New Economics Foundation estimaba que el valor social de estos trabajos era muy superior al salario percibido y al de otros trabajos mucho mejor retribuidos.

A pesar del importante papel que juegan, las trabajadoras de los servicios sociales a menudo perciben salarios muy inferiores a los de sus compañeras de los servicios sanitarios y educativos, que realizan funciones similares. Esta desigualdad salarial no solo afecta su calidad de vida, sino que también repercute en la calidad de la atención que pueden ofrecer. Un salario justo es esencial para atraer y retener talento en un sector que se encuentra en constante crecimiento.

Para abordar esta problemática, son imprescindibles los acuerdos entre el Gobierno de la Generalitat, los representantes de los trabajadores y las organizaciones empresariales del sector social. El Gobierno Aragonès logró dos importantes acuerdos con sindicatos y patronales, por primera vez en el ámbito social, que marcan una hoja de ruta a seguir. En concreto, en abril de 2023, el acuerdo implicó compromisos a corto plazo, con incrementos de las tarifas que financian los servicios públicos que prestan entidades y empresas para 2023 y 2024, que se tienen que destinar principalmente a la mejora de los salarios de las trabajadoras. Pero también con una hoja de ruta ambiciosa a medio plazo: equiparación progresiva de las condiciones de los profesionales de toda la red concertada de servicios sociales con las del resto del personal de servicios sociales de gestión directa y, sobre todo, respecto a los que desarrollan los mismos trabajos dentro de otros servicios a las personas como el de salud y educación; salario mínimo del sector social por la vía de la articulación de un acuerdo intersectorial que aglutina la docena de convenios laborales que hoy existen e indexación de la evolución de los salarios en relación con los del sector público.

Un acuerdo potente que necesita continuidad e implementación, acompañado de políticas de formación y capacitación, que ayuden a construir carreras profesionales y especializaciones, que incorporen las posibilidades derivadas de las mejoras en la productividad por la introducción de tecnologías colaborativas y que lleve al imprescindible reconocimiento público de todos los servicios de cuidados.

La equiparación salarial de las trabajadoras de los servicios sociales es una cuestión de justicia social y una necesidad imperiosa para asegurar un sistema de atención integrada eficiente y de calidad. Invertir en las personas que cuidan y atienen las necesidades sociales no solo es un deber moral, sino que también es una inversión en el futuro del bienestar de nuestra sociedad. La igualdad salarial es el primer paso para garantizar que estos servicios puedan continuar evolucionando y mejorando la vida de las personas que atienden.