El Estado sale al rescate

El Gobierno de España aprobó este lunes un nuevo paquete de medidas para proteger a los damnificados por la DANA que ha asolado Valencia. Con ellas, y según las cifras expuestas por el presidente Pedro Sánchez en su comparecencia, son 14.625 millones de euros los destinados al auxilio de las víctimas y la reconstrucción de la zona, con medidas para dar cobertura a 400.000 trabajadores, 30.000 empresas y 100.000 hogares. 25.000 empleados públicos, contando en ellos a los efectivos militares, han sido ya movilizados.

La respuesta del Estado está, pues, en consonancia con la magnitud del desastre. Habrá, por supuesto, que hacer un seguimiento exhaustivo de la aplicación de esas medidas para vigilar que llegan a todo aquel que las necesita. Y es difícil calcular cuál será el volumen final de los planes que se pongan en marcha, a escala nacional y europea, de los que solo estamos en su fase inicial.

Pero, cuando se cumplen dos semanas desde la catástrofe, hay que subrayar que se ha hecho presente la fortaleza de las instituciones democráticas. Frente a la manipulación que pretende el mensaje repetido de que “sólo el pueblo salva al pueblo”, es el sistema de convivencia que todos los españoles nos hemos dado y sostenemos con nuestros impuestos el que, por fin, muestra su musculatura.

Sánchez trató este lunes en todo momento de lanzar un mensaje de unidad institucional y se negó a responder la sucesión de preguntas de los informadores que le pedían que juzgara la actuación de la Generalitat Valenciana, y también de su propio Gobierno, en este dramático suceso. Pese a las preguntas directas que se le plantearon sobre el jefe del Consell, Carlos Mazón, rechazó criticarlo, dejando para más adelante cualquier opinión sobre su proceder. El presidente recordó que todas las administraciones, incluidas por supuesto las autonómicas, forman parte del Estado y felicitó a los empleados públicos de la Generalitat por su entrega.

Sea sincera o estratégica, esa es la línea adecuada a seguir por las autoridades políticas. Hemos criticado desde el inicio de este penoso episodio los enfrentamientos, a veces públicos y otros soterrados, entre gobiernos de distinto color y los líderes que los representan, porque ese era un camino que sólo llevaba a dejar en el desamparo a los ciudadanos. Y también hemos censurado debates competenciales que han estado ralentizando la movilización, sobre todo a la hora de la prevención, pero también en el posterior socorro. Los mecanismos de coordinación entre administraciones tendrán que ser revisados.

Pero por eso mismo es preciso aplaudir que se pongan las necesidades de los afectados en el centro y exigir que no se vuelva a la lucha partidista, sin que por ello dejen de depurarse las muchas responsabilidades que las inundaciones han sacado a flote.