Opinión | LA NEWSLETTER DEL DIRECTOR

Ferran Boiza

Ferran Boiza

Director adjunto de EL PERIÓDICO

Madrid

Después de la DANA

Cuando se haya limpiado el lodo, emergerán centenares de vidas destrozadas a las que las administraciones tienen la obligación de dar un futuro

Un militar realiza tareas de limpieza, este domingo en Massanassa

Un militar realiza tareas de limpieza, este domingo en Massanassa / Matías Chiofalo / Europa Press

“Ahora todos ayudan, pero dentro de un mes nadie se acordará”, decía este fin de semana un vecino afectado por la DANA. Ese es el reto que debe afrontar el Estado, entendido como la Generalitat Valenciana y el Gobierno central, y no es menor. Las inundaciones han dejado un reguero de destrucción a su paso. El consorcio de seguros ha recibido 116.000 reclamaciones en apenas ocho días y se calcula que sólo para empezar la reconstrucción son necesarios más de 4.000 millones de euros, lo que refleja la magnitud de lo sucedido. Valencia no puede ser campo de batalla, como decíamos en nuestro editorial de este fin de semana, sino servir de ejemplo para todo aquello que no ha funcionado. Y ha sido mucho.

Las administraciones públicas han de actuar con firmeza para desterrar el pesimismo con el que aborda su futuro el vecino de Valencia al que citábamos al principio. Los precedentes, el terremoto de Lorca en 2011 o la erupción volcánica de La Palma en 2021, nos indican que se puede hacer mejor. Los afectados por el seísmo y el volcán, que también se llevaron por delante centenares de viviendas, denuncian demoras y exceso de trámites administrativos.

Hace apenas unos días, el Gobierno transfería al Ejecutivo murciano las últimas ayudas para los damnificados de Lorca. “No es una buena noticia que 13 años después, aún estemos hablando del pago de las ayudas”, explicaba Fulgencio Gil, alcalde de la localidad, a LA OPINIÓN DE MURCIA.

En La Palma se ha actuado con mayor agilidad: ayudas directas, bonificación del IRPF, moratorias en las hipotecas, ERTES…, pero los afectados relatan a los compañeros de EL DÍA/LA OPINIÓN DE TENERIFE un viacrucis administrativo que ya dura tres años. Además, 85 familias continúan residiendo en casas contenedor en malas condiciones y otras 36 en viviendas de madera provisionales. Demasiadas, aunque las afectadas llegaron a casi 1.400.

Cuando se haya limpiado el lodo en Valencia, emergerán centenares de vidas destrozadas. Que vuelvan a tener futuro es la labor en la que tienen que emplearse a fondo las administraciones, sin tacticismos partidistas. La información que llevamos este lunes en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, de nuestros compañeros de LEVANTE-EMV, es el camino: la administración activa el mayor plan de ayuda a la vivienda, con subvenciones del Gobierno central de hasta 60.000 euros por hogar y 200 millones de la Generalitat para apoyar a las 30.000 familias con casas dañadas. Así sí, Valencia no debe ser campo de batalla.