
Historiador y exconcejal de Ciutat Vella

Jordi Rabassa
Jordi RabassaHistoriador y exconcejal de Ciutat Vella
Historiador y exconcejal de Ciutat Vella
La reparación de Puig Antich, la primera de muchas

Estreno de 'Puig Antich, cas obert' en la tercera galería de la antigua cárcel Modelo. / FERRAN NADEU
El acto de reparación de Salvador Puig Antich fue destacable en términos políticos pero insuficiente desde el punto de vista de la dimensión colectiva de su memoria y de la cantidad de personas represaliadas que todavía están pendientes de reconocimiento público.
El pasado 16 de octubre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, entregó el documento que acredita la nulidad de la sentencia que terminó con la vida de Salvador Puig Antich a sus hermanas, Carme, Montse, Imma y Merçona Puig Antich. El documento, en formato de diploma, lo reconoce como víctima del régimen franquista, apelando a la ilegalidad del tribunal que le juzgó en Consejo de Guerra.
El diploma hace referencia a la Ley 20/2022 de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Su artículo 5 declara la ilegalidad e ilegitimidad de los juicios franquistas, los tribunales, así como la nulidad de sus sentencias y resoluciones. Pero no solo eso, la Ley de Memoria Histórica de 2007 también lo hacía en sus artículos 2 y 3. Por tanto, la sentencia a muerte de Salvador Puig Antich es jurídicamente inexistente desde la aprobación de la Ley de 2007. Puig Antich también fue una de las personas incluidas en el listado de la ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, aprobada por el Parlament de Catalunya en 2017.
La entrega del diploma venía a escenificar lo que regula la ley con el ministro y las hermanas, y concretarlo en la figura de Salvador Puig Antich. Fue, pues, un acto de reparación que las hermanas Puig Antich recibieron con satisfacción; políticamente fue notorio porque se reconoce uno de los símbolos más populares de la represión y la violencia de la dictadura franquista y, sin embargo, fue un acto falto de la dimensión comunitaria que, en mi opinión, siempre debe acompañar a las políticas de memoria.
El símbolo de Salvador Puig Antich trasciende a su familia ya las cuatro paredes del ministerio donde se celebró el acto, al igual que la violencia ejercida sobre todas las personas represaliadas tiene varias dimensiones. Ante todo, existe la dimensión personal y familiar que deben atenderse con cuidado, que necesita su momento de intimidad. Existe una dimensión institucional, que requiere del reconocimiento oficial, del documento que acredite a los ojos de la administración pública la restitución de los derechos vulnerados. Y también existe una dimensión comunitaria, porque, por un lado, la violación de derechos fundamentales era para el conjunto de la población y por otro, las personas represaliadas lo eran porque se enfrentaban a la dictadura y arriesgaban su vida luchando por conseguir derechos para toda la población luchando contra un sistema dictatorial y opresor. Esto les convierte en referentes éticos del estado democrático, y al conjunto de la población en víctima de la dictadura.
En los 50 años que nos alejan de la ejecución de Puig Antich se han realizado muchas demandas de reparación de su figura. Desde los últimos años del franquismo, decenas de organizaciones, entidades, colectivos e instituciones se han movilizado para el reconocimiento de todas las personas represaliadas, convirtiéndose esta en una de las demandas más longevas y populares de la democracia, pero también la más desatendida.
Precisamente porque fueron personas reprimidas por la lucha por la conquista de los derechos colectivos, porque su actuación no fue exclusivamente personal ni en beneficio propio, su reparación también debe tener, si la persona represaliada no expresa lo contrario, momento comunitario, de reconocimiento social y de sanación colectiva. La reparación supera la intimidad y la biografía personal, y su reconocimiento también debería ir más allá. En este sentido, el acto de reparación de Puig Antich me parece insuficiente.
Decía al principio del artículo y he ido comentando después, que las leyes de memoria se refieren a todas las personas represaliadas por el franquismo. Por tanto, todos los tribunales, juzgados o cualquier otro órgano penal o administrativo franquistas son ilegales e ilegítimos, y también son ilegítimas todas las sentencias y resoluciones que emitieran, y además son nulas, es decir, ya no existen jurídicamente. Si estas sentencias no existen, siguiendo con el caso de Puig Antich, este no es un asesino a efectos jurídicos y administrativos sino que los delincuentes son cada una de las personas que formaron parte de su tribunal.
Al hilo de esta reflexión quiero desarrollar otras dos: ¿qué pasa con el resto de represaliadas, y qué hacemos con los sicarios que ejercieron la represión?
La reparación de Puig Antich, con las insuficiencias que he comentado, debe ser la primera de muchas. Solo en Barcelona el Tribunal de Orden Público emitió 955 sentencias entre 1964 y 1976 y efectuó incontables detenciones. No debe haber represaliadas de primera ni de segunda, y el Ministerio debería empezar una labor de reconocimiento que podría empezar con la emisión de los diplomas que entregaron a las hermanas Puig Antich. Hay muchos estudios que recopilan los nombres de las personas que pasaron por centros de detención y tortura, prisiones, cuarteles militares, locales de Falange y de la Sección Femenina, hospitales donde se robaron bebés, conventos al amparo del Patronato de Protección a la Mujer, etc., y haría falta un pronunciamiento del jefe del Estado sobre la cuestión, pidiendo perdón en nombre del estado, denunciando la represión franquista y reconociendo a las personas represaliadas, tal y como han hecho otros jefes de Estado (de forma más o menos imperfecta) al abordar su pasado dictatorial o colonial.
Paradójicamente, lo que establecen las leyes de memoria lo desmiente la ley de amnistía de octubre de 1977. Parecería un contrasentido, pero más bien es el reflejo de la fortaleza del mito de la transición modélica, que no puede ponerse en cuestión ni siquiera cuando ya hay leyes que polemizan. Podríamos decir que los miembros de los tribunales ilegales franquistas son delincuentes que no se pueden juzgar por estar permanentemente amnistiados. En mi opinión hay que hacer una revisión de la ley de amnistía de 1977, que fue un hito de las reivindicaciones políticas del antifranquismo, pero que fue insuficiente y protectora de los criminales franquistas. Y respecto a ellos, habría que decir todos los nombres y señalar a cada una de las personas que contribuyeron en el sistema represivo político y moral de la España franquista. En el caso de Puig Antich, los sicarios del tribunal que le sentenció a muerte y todos los que colaboraron en la ocultación de pruebas.
Pero precisamente este es uno de los motivos por los que el Estado, representado hoy en la figura de Felipe VI, no pedirá perdón. La monarquía fue parte activa al presentarse como solución para los defensores de la dictadura y quienes aspiraban a un Estado democrático, después de que Franco designara a Juan Carlos de Borbón como sucesor, y se convirtió en el puntal sobre la que se sostenía, y todavía se sostiene, toda la estrategia de la transición modélica. No habrá ningún gobierno que participe de este relato que haga pedir perdón al jefe del Estado, porque sería poner en cuestión la propia monarquía y los cimientos sobre los que descansa el actual sistema parlamentario español. Los resistentes y las represaliadas hacen tambalear las bases del Estado español, por lo que este solo les entrega un diploma. Un diploma escueto.
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