La economía de los cuidados de las personas mayores

La economía del cuidado, a menudo invisibilizada, demanda un cambio radical en su enfoque. El estudio reciente elaborado por la Cambra de Comerç de de Barcelona, con el apoyo de Suara Cooperativa, sobre el impacto económico de los cuidados informales de personas mayores subraya la necesidad urgente de transformar el actual modelo, que recae fundamentalmente sobre las familias. El 86% de las personas cuidadoras pertenecen al entorno familiar, principalmente hijos y sobre todo hijas. 

Esta 'generación sándwich' —personas de 45 a 64 años que normalmente trabajan y que han pasado de cuidar a los hijos (o los siguen cuidando) a cuidar a los padres— se ve afectada en su desarrollo profesional, pero además tiene un gran impacto en su bienestar físico y mental. 

Una de las propuestas clave es la transición de un modelo basado en la 'feminización del cuidado' a uno centrado en la 'socialización y profesionalización' de estas tareas. Actualmente, las labores de cuidado se consideran un asunto privado, lo que perpetúa su asignación a las mujeres dentro del ámbito familiar. Cambiar esta percepción requiere que las políticas públicas aborden el cuidado como una cuestión social, promoviendo su reconocimiento como un pilar fundamental de la economía y la cohesión social.

Para avanzar en este nuevo enfoque se proponen diversas soluciones. En primer lugar, la implementación de programas que capaciten y acompañen a las personas cuidadoras informales para que puedan desempeñar sus labores de manera más eficiente y minimizando el impacto en su vida personal y profesional. En segundo lugar, es crucial fomentar la corresponsabilidad, logrando que los hombres se involucren en mayor medida en las tareas de cuidado. El tercer pilar tiene que ver con la innovación en los modelos de atención. Las residencias tradicionales deben transformarse, ofreciendo soluciones más flexibles y adaptadas a las necesidades heterogéneas de las personas mayores. Por ejemplo, viviendas colaborativas e intergeneracionales que permitan a las personas mayores mantenerse en su domicilio durante más tiempo, recibiendo el apoyo necesario sin necesidad de recurrir a una institucionalización temprana. La cuarta solución es la importancia de reforzar los servicios de ayuda a domicilio y la teleasistencia. Actualmente, la ayuda a domicilio da cobertura únicamente al 5% de la población mayor (datos del Imserso), claramente insuficiente.

Por último, se propone que las empresas diseñen políticas inclusivas que reconozcan las necesidades de las personas trabajadoras cuidadoras, independientemente de si cuidan a niños o a personas mayores. La formación de los departamentos de recursos humanos para gestionar de manera adecuada los beneficios laborales disponibles, como excedencias temporales, teletrabajo o bolsas de horas, puede ser clave para mejorar la retención de empleados en esta situación.

A todo esto, hay que sumar el gran cambio demográfico al que nos enfrentamos y la necesidad de más gasto público. En los próximos 25 años la población de 80 años o más en España se habrá duplicado, pasando de 2,9 millones en 2024 a 5,9 millones en 2050, según el INE. Con el actual nivel de gasto público en dependencia será imposible abordar este desafío. Actualmente, España solo destina el 1% del PIB a los cuidados de larga duración, mientras que países como los Países Bajos o Dinamarca dedican entre un 2,5% y un 3%. 

Por otro lado, el gran 'boom' que tendrá el sector del cuidado las próximas décadas ofrece un campo fértil para la creación de empleo y nuevas oportunidades empresariales. Las horas dedicadas actualmente por los cuidadores informales generarían un incremento del empleo del 6,8% de la ocupación de Catalunya si estas se profesionalizaran. Además, las empresas y 'startups' pueden ofrecer soluciones tecnológicas para ayudar a optimizar el cuidado en el domicilio y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Para evitar que la carga de los cuidados siga recayendo de forma desproporcionada sobre las familias, es imprescindible que todos los sectores —público, privado y social— se unan para reformar el modelo de atención, asegurando que sea una responsabilidad compartida, además de una oportunidad económica.

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