La gestión pública y la integridad del sistema de salud

Con el título de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud se está elaborando un proyecto de ley que ha pasado, ya, la fase de consulta pública. Aunque su encabezamiento es ambiguo en sus términos, vistas las motivaciones que conforman el resumen de su propósito me atrevo a intuir que se trata de un nuevo intento de ‘republificación’ de la sanidad; de hecho, este adjetivo aparece en el acuerdo de investidura del presidente Illa en Catalunya.

Sospecho, por quién ha introducido este propósito, que proviene de la parte más reacia a entender las cuestiones propias de la separación entre provisión y producción de servicios sanitarios. Y puede acabar representando un torpedo en la línea de flotación de la denominada colaboración público-privada que, con la concertación sanitaria, tanto arraigo tiene en Catalunya. Dicho esto, sin embargo, no me cabe duda de que tanto la consellera Olga Pané como el comisionado Manuel del Castillo no parecen, por sus trayectorias, estar por la labor de romper dicha colaboración, si bien una legislación estatal en aquella dirección puede acabar jugando en su contra.

En la consulta previa, seis son los grandes argumentos que se esgrimen:

• El primero tiene que ver con la diversidad de las formas de prestación, frente a la ‘integridad’ de la titularidad pública. Creo que identificar diversidad con ruptura de la cohesión social es un error. De hecho, esta diversidad lo que favorece es una mejor ‘integración’, evitando una separación de los dos sistemas, en la que uno aspire a la ruina del otro.
• El segundo es el de la capacidad de control. Ciertamente, este es un punto a mejorar de la regulación pública; no se puede uno abrir a la modernidad de la gestión indirecta de los servicios públicos manteniendo la gobernanza de la directa, fuera del control del 'ordeno y mando' de un reglamento y una circular.
• En cuanto al tercer punto, el de la restricción presupuestaria, creo que el argumento va en contra, y no a favor, de la gestión directa, tanto por la experiencia de los deslizamientos presupuestarios de los entes públicos como por el de la falta de flexibilidad en la gestión de recursos humanos y de tesorería (‘facturas en los cajones’).
• El cuarto punto a debate es el de la difícil reversión de las formas indirectas, una vez implementadas. De nuevo, creo yo que lo que es de difícil reversión es la gestión directa, una vez estructurada con funcionarios estatutarios y con una cultura que la inercia hace tan fuerte como hostil al cambio.
• El quinto punto es el de la falta de transparencia. Ciertamente, este también es un punto a mejorar; en esta rendición general de cuentas, ni los contratos o concesiones se han evaluado como corresponde, ni son los centros de gestión pública directa el mejor ejemplo.
• Finalmente, la consulta argumenta sobre el excedente y el lucro. De nuevo, se trata de un punto interesante que nos llevaría, aquí, muy lejos. Como dicen los anglosajones, 'if not for profit, for what?’. Y es que excedente, la diferencia entre el beneficio y el coste, lo hay siempre, en tota actividad humana. La cuestión es la de quién se apropia del mismo. Para abrir debate, utilizaré tres frases de notables economistas:
• Dice Nicholas Barr: "Los trabajadores del Estado de bienestar, o el bienestar de los trabajadores del Estado; ¿de qué estamos hablando?".
• Añade Beatriz González: "La financiación pública hoy redistribuye recursos no tanto entre ricos y pobres como, sobre todo, desde el resto de la sociedad hacia los profesionales públicos".
• Y remacha Vicente Ortún: "¿Dónde, si no, se puede encontrar más privatización que en las plazas en propiedad del personal estatutario?".

Todo en esta vida requiere un balance. Pero construir y mejorar lo observado parece mucho mejor que retrotraerse a un pasado que en ningún caso fue glorioso.

Suscríbete para seguir leyendo