Crecimiento con reformas

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha sumado hoy a las revisiones al alza de las previsiones de crecimiento de la economía española. Si el martes el Gobierno ya pronosticaba una subida de tres décimas más para este año (del 2,4% previsto hace unos meses al 2,7%), el organismo económico de los países desarrollados mejoraba aún más las previsiones respecto a las formuladas en mayo, al estimar un crecimiento del 2,8% para el año en curso, un punto más que lo anunciado hace cuatro meses. La conclusión que se deriva es que, entre las grandes economías europeas, España es la que presenta una perspectiva más favorable, si atendemos al débil crecimiento que prevé la OCDE para Alemania (0,1%, cerca del estancamiento) o Francia (un 1,1%). Los pronósticos tampoco son malos para el gran quebradero de cabeza de la economía durante los últimos dos años: el organismo con sede en París anuncia un crecimiento de los precios en España en el entorno del 2,1%, en línea con las previsiones para el conjunto de la eurozona.

No obstante, en el informe de otoño publicado ayer, la OCDE también recomienda cautela en determinados aspectos. Así, en el ámbito monetario y pese asumir que los bancos centrales van a bajar los tipos de interés durante los próximos 15 meses (lo que puede fomentar un aumento del dinamismo en el consumo y la inversión), aún no se puede bajar la guardia en el control de la inflación. Pero, sobre todo, el organismo incide en las importantes dificultades presupuestarias que afrontan los gobiernos de los países desarrollados, como consecuencia del crecimiento de la deuda y de la mayor presión de gasto derivada del envejecimiento de la población, lo que lleva a la OCDE a demandar nuevas reformas.

Es cierto que, en el caso español, tal y como se apunta desde el Gobierno, el crecimiento de los últimos años y el que se prevé a corto plazo ha generado un aumento importante de los ingresos fiscales (lo que ayuda a cumplir con los criterios de deuda y de déficit público exigidos desde Bruselas). Y que la buena evolución de la inversión y del consumo medio por hogar (aun sin llegar a los niveles prepandemia, como señala el Banco de España) auguran un crecimiento notable, que se puede traducir en un descenso de la todavía elevada tasa de paro, si atendemos a parámetros europeos.

Pero, precisamente, esa relativa bonanza debería aprovecharse para acometer reformas estructurales siempre pendientes en la economía española. Sea para corregir un mal endémico, como el de la baja productividad (que dificulta que nos equiparemos en renta per cápita a los países europeos centrales, probablemente por depender en exceso de sectores productivos que demandan mano de obra intensiva, como el turismo), sea para garantizar el sostenimiento de nuestro sistema de pensiones (hay que tener presente que ya ha entrado en la edad de jubilación la generación española más numerosa, la de los nacidos entre 1958 y 1975, con lo que ello supondrá de aumento de la cuantía a destinar en prestaciones de retiro, cada vez más elevadas). Por tanto, el Gobierno puede estar satisfecho por el crecimiento que pueda venir, pero sin olvidar las necesarias reformas para mantener el bienestar a largo plazo.