Trampas de la financiación singular

Es difícil saber cómo acabará el acuerdo ERC-PSC para la financiación singular de Catalunya, pero creo que podemos comentar aspectos que lo harán, finalmente, más o menos probable.

En primer lugar, para el buen éxito del propósito (el 'reencaje' de Catalunya en el Estado, ¡a pesar de que no todo el mundo lo desea!) hay que alejar al máximo el acuerdo del juego de suma cero; es decir, de la redistribución horizontal por la cual la aspiración de más recursos de una comunidad se lee, políticamente, que será a expensas de las otras. El foco se tiene que poner en el desequilibrio vertical: qué se queda el Estado de toda la recaudación ganada. En efecto, el pecado original viene de la distribución inicial de todos los ingresos públicos, y no de su reparto entre comunidades. Siempre estando en manos de la administración central todos los recursos, esta ha actuado a su conveniencia, como si las comunidades no fueran también ‘Estado’. Ha permitido participar los gobiernos autonómicos de unas cuantías (porcentajes de algunos impuestos -no de todos), supuestamente a la vista del coste efectivo inicial resultante de la cesión, en su día, de algunas competencias. Más allá de este coste, el Estado se ha afanado por contentar el total del gasto realizado, en cualquier caso, con partidas adicionales. Y, fijadas las participaciones generales, ha querido aparentar objetividad en la distribución de los recursos a través de variables demográficas ajustadas a conveniencia y completadas con 'subfondos' que, más que conseguir tal objetividad, han creado un pequeño 'Frankenstein' sin una pauta de equidad reconocible y con el que nadie está contento. No es, por lo tanto, en mi opinión, un tema a resolver aumentando la presión fiscal, sino redistribuyendo, de entrada, la tributación actual. Se trataría de obviar el tema de nivelación horizontal para centrar el debate en el vertical, a partir de los recursos que mantiene el Estado y que le han evolucionado a más y mejor que lo han hecho las necesidades de gasto de las competencias asumidas por las autonomías. Aun así, si ha hecho falta, ha centrifugado a su favor los objetivos de déficit de las consolidaciones fiscales.

En segundo lugar, hay que separar de una vez las cuestiones de desarrollo regional, las diferencias de renta per cápita y la convergencia económica, de las que son cuestiones de financiación autonómica, que no son otras que las de la provisión de servicios del Estado del bienestar. Las primeras tienen que ver con infraestructuras, y no con gasto recurrente, con inversiones selectivas y condicionadas en su destino, evaluables y por periodos definidos, con fuerte coordinación con los fondos europeos y sirviendo de palanca para el sector privado. Una tarea que tendría que estar centrada en el Fondo de Compensación Interterritorial, que como dice la Constitución es una responsabilidad del Gobierno central. Las segundas, las de financiación autonómica, tratan de garantizar servicios fundamentales (no todos los que a una comunidad se le puede ocurrir gastar en cada momento) y de gasto social (que son el núcleo de las competencias autonómicas), asegurándole su cobertura básica, sea cual sea la capacidad económica propia para financiarlos.

En tercer lugar, hay que reconocer y aceptar que la contribución solidaria tiene límites (servicios esenciales), tiene que respetar la ordinalidad (puesto que son servicios universales, el acceso a los cuales no depende de la renta de los ciudadanos), con transferencias garantizadas que no pueden ser a expensas de reducir el esfuerzo fiscal (rebajas fiscales internas y 'dumping' fiscal, exigiendo solidaridad entre territorios y no ejerciéndola dentro de la propia comunidad) y entender que el total del gasto público territorial no es, solo, cuestión de esfuerzo fiscal, sino de capacidad tributaria: todos los países, estados y comunidades gastan en servicios públicos hasta donde se pueden permitir. De forma que no todas las desigualdades en gasto son inaceptables. Por todo esto, hay que valorar las rentas de la ciudadanía en términos reales, ya sea por la capacidad adquisitiva de las transferencias para los servicios públicos a acceder, dado el diferencial de precios, o contabilizando la renta efectiva en capacidad de compra, una vez pagados los impuestos de la renta de las familias.

Sin entender estas tres cuestiones, es probable que el debate se contamine de una manera explosiva. La presión en los medios de algunos académicos desde regiones fuertemente subsidiadas, en coalición con las privilegiadas, en defensa del 'statu quo', es un síntoma clarísimo.

Finalmente, para que el acuerdo llegue a buen puerto, la singularidad catalana tiene que superar dos trampas. Primero: el acuerdo abre una vía adicional, no sustitutiva general del régimen común. Catalunya será pionera y, en el futuro, todo aquel que quiera sumarse a una alternativa de más autonomía, menos garantista para los gobiernos autonómicos pero de mayor responsabilidad fiscal, que lo haga. No puede, el acuerdo, estar supeditado a la aquiescencia de todas las comunidades en un nuevo sistema común de financiación que se convierta en una 'suma de singularidades', que fácilmente puede acabar en una pelea política entre los partidos nacionalistas españoles sobre quienes tiene la singularidad más grande. Y, en segundo lugar, hay que evitar que el inicio de la efectividad del acuerdo dependa de la cuantía primera de recursos logrados. Que no sean la coyuntura económica o los objetivos de consolidación fiscal europeos, o un aumento de recursos desde una reforma fiscal siempre pendiente, aquello que marque el empezar a trabajar por el acuerdo. Salir del agujero del régimen común, de todo esto que nos ha llevado adónde estamos, puede merecer la pena aunque, de entrada, el déficit fiscal no baje demasiado.

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