Los dilemas de Puigdemont

Para Carles Puigdemont el llamado “procés” ha tenido un alto coste personal. Su periplo político en los últimos siete años ha alterado su vida familiar e incluso ha vivido desde la lejanía la muerte de sus padres o la educación de sus hijas. Muchos, los que gritaban aquel “a por ellos”, nunca tienen en cuenta esta dimensión. De igual manera que los independentistas unilateralistas no tuvieron en cuenta en el 2017 no solo la legalidad sino el desasosiego de los catalanes que quieren seguir formando parte de España. Esta cosificación es uno de los mayores costes de esta última década y deberíamos pasar página y no repetirlos.

Si el acuerdo entre PSCy Esquerra se hace efectivo esta semana, con la aprobación de las bases republicanas, Puigdemont deberá decidir si regresa a Catalunya para asistir al debate de investidura. Su situación actual es la siguiente: desde el 16 de julio ya no goza de la inmunidad como europarlamentario. El Tribunal Supremo sigue esperando para juzgarlo porque considera que la malversación queda fuera de la amnistía. Los jueces Marchena y Llarena no han cursado orden internacional. Y el Tribunal Constitucional, como ha adelantado Ermesto Ekáizer, considera que no lo podrá amparar si es detenido. De manera que solo le quedan dos opciones: faltar a su palabra, no volver y arriesgarse a que se curse una orden internacional de detención o volver y correr el riesgo más que probable de pasar por la prisión preventiva. No es fácil. Y posiblemente será una decisión que tome personalmente, sin dejarse aconsejar por nadie, a pesar de las repercusiones políticas que tendrá, especialmente para su formación. Tomar decisiones en solitario, una práctica que han seguido otros dirigentes, genera un problema y es que se convierten en indiscutibles. Más allá de lamentar las injusticias que dice haber sufrido, Puigdemont quizás debería considerar si en alguna cosa se ha equivocado, por ejemplo en la elección de su abogado que le prometió unas influencias que no ha tenido ni tiene.

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