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Josep Cuní

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Periodista.

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Álvaro García Ortiz: el cambio y la resistencia

Es probable que el fiscal general del Estado tenga la sensación de enfrentarse a un núcleo de negacionistas

'Traiciones' y votos sorpresa en la junta de fiscales que avaló la amnistía

Los fiscales del procés responden a García Ortiz: "La orden es improcedente y contraria a las leyes"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, atiende a los medios de comunicación a su llegada a la clausura de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal, en el Pazo de Mariñán

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, atiende a los medios de comunicación a su llegada a la clausura de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal, en el Pazo de Mariñán / M. Dylan - Europa Press

Todos los hechos tienen sus consecuencias. Que queramos olvidar las negativas no evita que arrastremos el pago durante el resto de nuestra vida por aquellas decisiones que tomamos en unos segundos. De ahí la persistente tozudez de la realidad que quisiéramos esquivar, la frecuente presencia mental de lo que nos gustaría olvidar, el constante arrepentimiento, íntimo, disimulado, intransferible, de lo que ya no podemos cambiar.

Los resultados electorales del 12 de mayo concluyeron que el 'procés' había muerto. La pérdida de la mayoría social y parlamentaria así lo indican. Otra cosa es el independentismo, que sigue sustentándose sobre una base popular sólida que, viniendo de lejos, se agrandó en el segundo decenio de este siglo. No obstante, y aunque los partidos que lo empujaron escenifiquen resistencia en público, es evidente que el movimiento vive horas bajas. Razones hay muchas, pero destaca la desunión de quienes se entienden erróneamente como iguales por compartir un ideal. Ni lo son, ni quieren, ni pueden serlo, porque las ideologías existen y estas marcan distancias.

En el otro lado, se instalan quienes dicen defender una pretendida esencia de la nación española. Tanto política como jurídicamente. E interpretan cualquier negociación como concesiones inaceptables. Como si antes nunca hubiera sucedido. Como si no se hubiera mejorado sustancialmente la financiación catalana, transferido competencias que se creían intocables, suprimido figuras orgánicas históricas, anulado obligaciones sociales de defensa del Estado y aupado la lengua secular al podio de lo admirable. Todo por otro puñado de votos que facilitaron una investidura que el sr. Aznar recuerda, por haber hecho también él de su necesidad virtud.

Movidos por semejante orgullo, los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio al 'procés' han pedido ser sustituidos. Tras plantarle cara al superior jerárquico, impulsaron una rebelión que no han ganado. Como consecuencia, la malversación también será amnistiada, según el ministerio público. Es la orden dada por el fiscal general del Estado ante las dudas jurídicas de quienes basaban su supuesta posición técnica en una interpretación peculiar, sugerida tiempo atrás por el alto tribunal: si el dinero público se destina a una finalidad ideológica, no importa que no vaya a los bolsillos particulares de los acusados porque se entiende que, igualmente, han hecho un mal uso de él.

Es humanamente comprensible que quienes han visto cuestionados todos sus argumentarios y sustituidos delitos esgrimidos hayan dicho basta, al ver anulados penalmente incluso los hechos. Pero no se trata del honor personal sino de acatar la voluntad democrática del legislativo, que determina las reglas del juego.

Álvaro García Ortíz (Lumbrales, Salamanca, 16 de diciembre de 1967) ha ganado la batalla. Está por ver si la guerra. La oposición pide su dimisión o cese. El Gobierno le sustenta porque ya se sabe quién nombra para el cargo. Díaz Ayuso le planta cara en defensa de su novio, por revelación de secretos. Una asociación minoritaria de colegas llevó su nombramiento al mismo Supremo, pendiente de sentencia. Los frentes abiertos siguen siendo muchos.

Especializado en medio ambiente, es probable que García Ortiz tenga la sensación de enfrentarse a un núcleo de negacionistas del cambio. ¿Jurídico o político?  

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