Una incineradora bajo sospecha

Caso Tersa: la Guardia Civil sostiene que la incineradora del Besòs puede poner en "riesgo" la salud

Las denuncias y sospechas sobre la actividad de la planta de incineración de residuos de Tersa, situada entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs, se arrastran judicialmente desde 2018, a instancias de la plataforma ciudadana Airenet. Todo empezó cuando un informe de la Universitat Rovira i Virgili (URV) mostró que podían tener una base objetiva las sospechas y molestias del vecindario ante la actividad de la planta que quema más basura de Catalunya (en 2022, 337.490 toneladas de residuos urbanos diversos, tratados de esta forma para evitar su depósito en vertederos y generar electricidad y energía térmica). Entre 2014 y 2017, según la URV, los índices de contaminantes como dioxinas y furanos en el entorno de la central fueron más elevados de lo que sería de esperar. Las actuaciones judiciales emprendidas, la investigación de los periodistas de EL PERIÓDICO y la denuncia por delito ecológico presentada por Fiscalía en 2022 han sacado a la luz una falta de control absoluto de un parámetro, la temperatura a la que se produce la combustión de los residuos, que es clave para garantizar la reducción a niveles tolerables de los compuestos contaminantes más peligrosos.

Los datos aportados en la causa por los gestores de Tersa (propiedad del Ayuntamiento de Barcelona y del Área Metropolitana de Barcelona) han sido un festival de despropósitos: desde cifras astronómicas que se explicaron por una mala configuración de los decimales a datos físicamente imposibles, que irían desde temperaturas de centenares de grados bajo cero hasta diez veces superiores a las que se funde el acero en unos altos hornos siderúrgicos, pasando por otros que son más compatibles con un mal funcionamiento de la planta (actuando por debajo de los 850º a los que se destruyen las dioxinas muchos más minutos de lo establecido) que con un sistema de medición ilusorio.

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De las montañas de datos disparatados recopilados durante años pueden extraerse diversas conclusiones, que pueden ir de lo preocupante a lo muy grave. Una posibilidad es que no existiese control real del funcionamiento correcto de la planta de incineración, a partir de unos datos que no reflejaban la realidad y un nulo control posterior, lo que indicaría que se estaría trabajando sin ninguna red de seguridad que detectase ocasionales funcionamientos indebidos. La otra, que algunos de los registros obtenidos que implicarían emisión de tóxicos sí fuesen reales (y sin que se detectasen ni se reaccionase ante ello). El informe pericial de la Guardia Civil que se ha conocido esta semana indica que de los caóticos registros dan una imagen tan difícil de explicar coherentemente que «no es posible dar fiabilidad a que los procesos de combustión se estén dando de manera tal que aseguren la destrucción de contaminantes», sin la cual se pondría en «riesgo» a la población. La exposición continuada a estos compuestos en concentraciones suficientemente altas pueden estar detrás de un incremento de casos de cánceres y enfermedades respiratorias. Las explicaciones dadas por los responsables del funcionamiento de la central, pues, han sido insuficientes, lo que no deja otra alternativa que seguir ampliando la investigación judicial sobre lo sucedido en los años que están bajo análisis, depurando las responsabilidades de quien corresponda, y, a la vez, dar garantías adicionales de que la operativa de una planta que sigue en pleno rendimiento está siendo hoy más transparente y segura.