Por sus actos los conoceréis

La afirmación «por sus frutos los conoceréis» forma parte de las enseñanzas de Jesús sobre cómo reconocer a los verdaderos seguidores y evitar a falsos profetas. Según el Evangelio de Mateo, Jesús no plantea identificar a los discípulos espurios a partir de sus ideas, sino de sus actos. Así es como la Constitución española se propone también identificar (y castigar) a quienes la vulneren. No por sus ideas, sino por sus actos. En términos jurídicos, suele decirse que la Carta Magna del 1978 no es militante, como lo son la Constitución alemana o la francesa. No concibe castigar a una personalidad jurídica por sus ideas, sino por los actos que cometa. Es más, el texto constitucional permite formular ideas contra la propia Constitución siempre que no se incurra en hechos sancionables. En España, las ideas no pueden penalizarse (como ocurre en Alemania con el ideario nazi). Un partido político puede ser republicano o independentista, sin que ello sea delito si no actúa de forma manifiesta contra la existencia de España como un Estado monárquico, o contra su unidad.

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Los líderes de Vox parecen desconocer esta idea nuclear de la democracia española cuando proponen ilegalizar partidos como Esquerra Republicana, Junts per Catalunya o Bildu por el hecho de ser independentistas. No le va a resultar difícil al portavoz del PSOE rebatir la propuesta que presentará Santiago Abascal en ese sentido, el próximo día 10, a través de una enmienda a la totalidad a la ley de amnistía. El Código Penal español ya prevé la ilegalización de partidos, como ocurrió con la disolución e ilegalización de Herri Batasuna, hace 20 años. Por otra parte, la iniciativa de Vox es rebatible a partir de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional en defensa del carácter no militante de la Carta Magna. 

Más compleja es la propuesta del Partido Popular, cuyo portavoz se enredó en su presentación con una primera versión cercana a la de Vox, y otra más matizada y basada en una reforma del Código Penal. Con ello, el PP hurga en un vacío que existe tras la eliminación del delito de sedición. Muchos juristas consideran que, tras esta reforma, el Código Penal carece de tipo delictivo específico para posibles atentados a la Constitución. En todo caso, subsanar este vacío debería hacerse con tiento y no bajo la polarización política que ha generado la ley de amnistía. De dejarse arrastrar por el chantaje de Vox, el PP volvería a entrar en conflicto con el espíritu y la letra de la Constitución. Lo saben sus dirigentes que podrían haber iniciado un proceso de ilegalización de los partidos independentistas desde el Senado, donde tienen mayoría absoluta, y no lo han hecho. Si el PP quiere contribuir a subsanar el vacío existente, debe hilar fino. Castigar la 'deslealtad constitucional' resulta demasiado ambiguo y puede llevarle a una derrota ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que suele ser muy precavido en lo que afecta a la libertad de expresión. Y a una inexplicable contradicción política si también pretende castigar las reuniones con partidos independentistas, después del encuentro que mantuvo con Junts para buscar su apoyo a la investidura de Alberto Núñez Feijóo.