Fines y medios de las ZBE

Dos días después de que nueve municipios de la segunda corona metropolitana de Barcelona presentaran una propuesta conjunta para sus zonas de bajas emisiones (ZBE), con excepciones muy específicas, el gobierno de Badalona se reafirmó, ayer, en su voluntad de suspender la aplicación de la ordenanza actual de restricciones a los vehículos más contaminantes y preparar otra normativa, tras encargar unos informes técnicos sobre su impacto. Ambos casos, siendo diferentes entre sí en cuanto al procedimiento, tienen su justificación en tanto que recogen una misma inquietud sobre algunas de las dificultades señaladas sobre la aplicación de la norma ambiental en el núcleo central metropolitano: la necesidad de alternativas de transporte público, las trabas al despliegue de la movilidad eléctrica o las dificultades de adaptación de los colectivos de menor renta. Pero cualquier excepción o aplazamiento de lo que no puede ser fruto es del negacionismo de la emergencia ambiental. Las ZBE no son una medida que puedan eludir: desde el pasado 1 de enero, y por imperativo europeo, el Gobierno obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a fijarlas, aunque la ausencia de un régimen sancionador en la ley permite cierta relajación en los calendarios de aplicación por parte de los ayuntamientos.

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Hay que ser cautos con la inclusión de excepciones a la norma, ya que se corre el riesgo de descafeinarla hasta el punto de no conseguir el objetivo marcado. En el caso que nos ocupa, la reducción de la contaminación atmosférica en las ciudades. Si, al final, las restricciones solo las cumplen una minoría de conductores, difícilmente se alcanzarán los niveles de calidad del aire que exige la Unión Europea. Y es un objetivo irrenunciable. Recordemos que la justicia europea ya ha condenado a España por la contaminación de Barcelona y Madrid, y que el Parlamento Europeo prepara unas nuevas reglas que rebajarán todavía más los umbrales permitidos en los próximos años. En resumen, es necesario actuar contra el exceso de emisiones contaminantes del tráfico urbano. Las zonas de bajas emisiones tienen toda su justificación.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona se enfrenta a la posibilidad de que el Tribunal Supremo anule su ZBE si da por buena la sentencia del TSJC de 2022 que consideraba que faltaban informes que avalaran algunas restricciones y le obliga a devolver 32 millones de euros en multas. Sería un varapalo contra una medida ambiental que, en sus objetivos, es indiscutible, por no haber previsto sus lagunas jurídicas. Restringir el acceso al centro de las ciudades a determinados coches causa inconvenientes para sus conductores: algunos es posible amortiguarlos modelando plazos y condiciones, pero otros deberán asumirse. Es comprensible, por ejemplo, que estén exentos de cumplir la norma los vehículos utilizados como instrumento de trabajo por los autónomos que estén próximos a la jubilación, como defienden los nueve municipios del Arc Metropolità. Y mientras la Generalitat prepara un decreto sobre las ZBE, estos municipios reclaman que no tiene en cuenta sus especificidades, como que la red de transporte público interurbano debe ofrecer alternativas viables a trayectos que se realizan en vehículo privado. Sería un mal punto de partida no escuchar las demandas del mundo local, tanto como seguir dilatando, como se ha hecho durante tantos años, los objetivos a cumplir.