NEWSLETTER Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos
Las irresponsabilidades con Telefónica
El presidente Pedro Sánchez junto a Nadia Calviño y Yolanda Díaz, en el Congreso /
Cuando una empresa cotizada se hace pequeña es más vulnerable. El Gobierno español lleva cinco años dándose baños de popularidad a base de castigar a las grandes empresas: trabas a las operaciones corporativas, regulaciones sobrevenidas, impuestos a medida que lastran su cuenta de resultados y muestras públicas de menosprecio por lo que son y por lo que hacen. De manera que, en la Bolsa, ha conseguido que algunas grandes se hayan hecho pequeñas, al menos en precio. La irrupción súbita de STC como primer accionista de Telefónica es, también, el resultado de esa actitud del Gobierno que ha diezmado el valor de la empresa en las bolsas y, sobre todo, ha transmitido la sensación de que estaba desamparada por parte de su propio Estado. El comprador, en cambio, tiene como principal accionista al fondo soberano de Arabia Saudita, una dictadura en toda regla que juega en los mercados, sean de las telecomunicaciones o del fútbol, con la ventaja de tener el apoyo incondicional de un Estado gobernado por una monarquía absoluta que no tiene que rendir cuentas a nadie. Por eso, los lamentos de una vicepresidenta -Yolanda Díaz- que ha auspiciado esa política contra las grandes empresas no pueden provocar otra cosa que hilaridad. Otra vicepresidenta, Nadia Calviño, se aferra ahora a la vinculación de Telefónica con la defensa española para amenazar con no autorizar la operación. Llega tarde y, según cómo, puede ser peor el remedio que la enfermedad.
La opinión pública debe entender que hay empresas que solo son viables si tienen una determinada dimensión que les permita afrontar inversiones que no tienen un retorno inmediato. La importancia estratégica de las pimes en la economía española está fuera de duda. Y el Gobierno debe velar por ellas. Pero algunas empresas no pueden hacer lo que hacen si no tienen un tamaño adecuado. Ello no es óbice para extremar las exigencias en cuanto a defensa de la competencia, atención a los clientes, calidad de servicio, seguridad o gobernanza. Muchas de estas grandes empresas son herederas de antiguos monopolios del Estado y pueden tener la tentación de querer entrar en los ministerios como Pedro por su casa. Pero de la regulación a la persecución hay un largo trecho. Por impopular que sea defenderlas, es un deber de responsabilidad. Ahora todo son lloros, pero los accionistas que han estado y están defendiendo la españolidad de Naturgy, de Iberdrola o de Telefónica han tenido y tienen la sensación de que están solos en un empeño en el que les debería, como mínimo, acompañar el Gobierno en defensa de los intereses de España como ahora dicen que harán. Y todo ello no exime de responsabilidad también a los gestores y accionistas de estas compañías que pueden haber tomado decisiones equivocadas y ahora pagan por ellas.
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