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Vox activa el voto progresista

Santiago Abascal.

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Albert Garrido

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“Igual era eso la excepción ibérica”, apunta el periodista Jordi Évole al analizar el retroceso de Vox en la cita del 23J. Quizá sea esa la particularidad española: restar peso e influencia a la extrema derecha el mismo momento en que parece imparable su progresión en Europa y cuando más debilitado se antoja el cordón sanitario levantado en su día para limitar su desempeño en las instituciones. Quizá concurran en la pérdida de votos y escaños factores históricos y del presente específicamente españoles -la memoria de la dictadura y la radicalidad extemporánea de algunas medidas adoptadas por políticos de Vox en comunidades autónomas y ayuntamientos del brazo del PP-, pero acaso esa especificidad tenga que ver también con la capacidad de movilización del voto progresista frente a la amenaza de un retroceso en el reconocimiento de derechos y objetivos que el grueso de la sociedad entiende necesarios y da por asegurados.

La durísima campaña de Vox más los dislates en municipios y gobiernos regionales al día siguiente de tomar posesión han dejado al descubierto el ADN de la extrema derecha más allá de toda duda. El profesor Óscar Martínez Tapia sostiene que por muy enfada que esté la gente, se siente orgullosa de los derechos reconocidos a minorías como las comunidades trans y LGTBI, de los pasos dados en el ámbito del feminismo, y eso le ha pasado factura a Vox, adscrito a un conservadurismo caduco, sin transversalidad alguna. Como sucedió en Estados Unidos en noviembre del año pasado, donde la propuesta ultraconservadora de Donald Trump -logró una mayoría exigua en la Cámara de Representantes, se mantuvo en minoría en el Senado y vio cómo salían derrotados la mayoría de los candidatos que con mayor empeño apoyó- movilizó a los votantes demócratas, la verborrea altisonante de Vox en España ha sido un factor activador del voto de las izquierdas que se echó en falta en las autonómicas y locales del 28 de mayo. Como en Estados Unidos el pasado otoño, el mayor excitativo para contener la progresión de la extrema derecha ha sido la misma extrema derecha.

Al mismo tiempo, la progresión del PP hasta salir vencedor el 23J ha chocado con un obstáculo insalvable: su disposición a congeniar con Vox ha limitado a uno el número de sus posibles aliados de peso. Habida cuenta de que la gran coalición es del todo imposible -salvo disposición del PSOE al suicidio político-, tal limitación es un ingrediente debilitador; puede decirse que el PP es un partido sin cintura, una cualidad necesaria cuando se trata de articular coaliciones arcoíris para gobernar. Mientras los restos del franquismo sociológico y adláteres se mantuvieron dentro del PP, tal reflexión resultaba irrelevante; hoy la existencia de Vox es un elemento divisivo del voto conservador que solo amortigua parcialmente la desaparición de Ciudadanos para beneficio de los populares. Hay en todo ello una cierta fatalidad insuperable para el conservadurismo clásico: mientras la única muleta posible para el PP sea Vox, solo un resultado electoral excepcionalmente bueno le permitirá llegar a la Moncloa.

Tal posibilidad depende de que el PSOE sufra un descalabro en el futuro o de que se fracture Sumar. ¿Puede darse una de esas dos posibilidades si hay repetición electoral? Es imposible responder con un o con un no categórico. Pero resulta difícil imaginar a final de año, caso de convocatoria, un resultado muy diferente al del último domingo. Alguno de los contendientes debería cometer un error descomunal para que saltaran por los aires todos los cálculos; debería pasar a formar parte del debate algún asunto movilizador de una de las dos mitades del país, diferente, desde luego, a los que ahora no han hecho mella en el resultado cosechado por la izquierdas -sedición, indultos, solo sí es sí y algunos otros-, que aguarda un acuerdo a varias bandas del dúo PSOE-Sumar con los conocidos como socios de investidura, incluidos los independentistas catalanes.

A esa aproximación a lo que podría pasar de repetirse las elecciones hay que añadir la sensación de que, de la socialdemocracia a las nuevas izquierdas, prevalece el cordón sanitario para la extrema derecha sobre cualquier otra consideración. Lo que ha decaído en Suecia, Finlandia e Italia en la estrategia de los partidos conservadores, reproducido en España por el PP, se mantiene vigente en el universo progresista con un empeño y determinación parecidos al manifestado en Alemania por la CDU, democracia cristiana, cuando su líder, Friedrich Merz, abrió la puerta a buscar “formas de cooperación” con Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) a escala municipal. Al igual que en España, pesan mucho en los comportamientos políticos de Alemania los peores momentos de su historia (allí, la sombre del nazismo; aquí, el legado franquista).

¿Nada hay que temer para que se mantenga acotada la influencia ultra en España? Hasta hace una década, eso se decía en Francia con relación a la Agrupación Nacional (AN) y a Marine Le Pen, su líder. Pero en las elecciones europeas de 2019 la candidatura de AN fue la más votada y en la presidencial de 2022, Le Pen se acercó más que nunca a Emmanuel Macron, y nadie dice ahora que no pueda llegar al Eliseo en 2027. En Bruselas ven como una catástrofe que tal cosa pueda suceder y veían con mucha preocupación un Gobierno español con Vox dentro. Está por ver si la excepción ibérica contagia a otros electorados europeos, a otras opiniones públicas que han optado por normalizar las propuestas de la extrema derecha, tan ajenas, por cierto, a la cultura política europea a partir de la posguerra. Tal proceso, de darse, puede ocupar tanto tiempo como el de la escalada ultra en dirección a las instituciones, porque es un hecho que las crisis encadenadas desde 2008 han dado alas a la demagogia ultraliberal y a los adversarios del Estado del bienestar.