Ágora

La legítima en el siglo XXI: por una necesaria reforma

Muchos ciudadanos no comprenden ni comparten las limitaciones que la legislación civil establecen en el derecho sucesorio a la hora de planificar su ausencia, en lo que se refiere a la esfera patrimonial

Las renuncias a herencias baten su récord para evitar asumir las deudas asociadas

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Jesús Benavides Lima

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Aunque la perspectiva de un cercano verano y unas merecidas vacaciones no nos deje ver más allá, lo cierto es que la reciente convocatoria de elecciones anticipadas que hemos conocido estos últimos días va a implicar que, en pocas semanas, todos los españoles estaremos llamados a votar para elegir a nuestros representantes para los próximos cuatro años.

Así las cosas, seguro que en estos momentos las maquinarias electorales de las principales formaciones políticas del país están engrasando y arrancando sus motores para, con vistas a estas próximas elecciones, confeccionar un programa político atractivo para la ciudadanía, conformando un conjunto de propuestas positivas para el futuro del país y así, con ello, ser capaces de atraer al máximo de votantes posibles.

A la vista de ello, y aunque nuestros políticos, habitualmente, centren su atención en otros ámbitos de la realidad que preocupan a la ciudadanía, como puede ser la economía, el mercado de trabajo, la regulación del mercado de la vivienda, las innumerables reformas del Código Penal, etcétera, lo cierto es que, a mi juicio, en el ámbito del derecho civil, también existen realidades e instituciones que tal vez deberían ser objeto de análisis y, en su caso, adecuación y reforma a la realidad actual.

Partiendo de esta base, lo cierto es que, en mi día a día como notario, en efecto, puedo apreciar cómo muchos son los ciudadanos que, actualmente, en pleno siglo XXI, no comprenden ni comparten las limitaciones que la legislación civil establece en el derecho sucesorio a la hora de planificar su ausencia, en lo que se refiere a la esfera patrimonial.

Así pues, como es sabido, en el derecho sucesorio actual, aunque el principio básico que rige en la materia es el de libertad de testar (esto es, que cualquier persona, cuando otorga un testamento, tiene derecho a nombrar heredero a quien quiera y legar sus bienes a quien considere oportuno), lo cierto es que esta libertad queda coartada y limitada por la institución de la legítima, esto es aquella porción de bienes de la que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados herederos forzosos.

Estos herederos forzosos, que son familiares del testador (en la práctica, los hijos y sus descendientes; en su defecto, los padres o ascendientes, y en el ámbito del derecho común, el cónyuge viudo), tienen derecho a recibir una porción muy significativa de la herencia. En el ámbito del derecho civil común esta porción puede alcanzar las dos terceras partes de la herencia, mientras que en el ámbito del derecho civil catalán supone en esencia una cuarta parte del caudal hereditario.

Como vemos pues, puede ser que en el pasado estas limitaciones tuvieran cierto sentido, dada la concepción tradicional de la familia y su estrecha vinculación con intereses políticos y patrimoniales que podía tener antaño. No obstante, lo cierto es que, hoy en día, en pleno siglo XXI, esta limitación injustificada a la libertad de testar no parece razonable en el marco de una sociedad democrática donde la libertad individual debería ser un valor supremo, y en la cual la significación de la familia ha evolucionado hacia un concepto mucho más alejado de lo patrimonial y mucho más centrado en los cuidados, el afecto y el amor entre nuestros seres queridos. Asimismo, es bien cierto que el incremento de la esperanza de vida y la aparición de nuevos modelos de familia y realidades sociológicas y familiares diversas aún desdibujan más el sentido de la legítima, en su regulación actual.

Por todo lo expuesto, considero que este sería un buen momento para que los principales partidos políticos, aprovechando la proximidad de los comicios, incluyan en sus programas políticos propuestas de reforma de esta institución para eliminarla o, en su defecto, actualizarla a la nueva realidad de una sociedad moderna del siglo XXI, dando respuesta a una demanda social que, como he indicado, por mi profesión, puedo afirmar que es transversal. Y, por supuesto, si dicha reforma pudiere ser alcanzada con el consenso de la mayoría de fuerzas políticas, dotando a la misma de mucha más fuerza y legitimidad, sin duda, ello sería más que deseable.