‘Je ne comprends pas’

Es con los mejores sentimientos que se hace mala literatura. La frase no es mía. La pronunció el escritor francés André Gide, premio Nobel de Literatura (1947). También con las mejores intenciones se puede hacer mala política. Este es el caso de la 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà, que el pasado 19 de mayo se desplazó a Elna, una población de la llamada ‘Catalunya Nord’, de hecho el departamento francés de Pirineos Orientales integrado en la macrorregión de Occitania. Vilagrà quería mostrar el apoyo de la Generalitat a los alcaldes de cinco municipios que están litigando con la justicia para defender el uso del catalán en los plenos.

En concreto, el Tribunal Administrativo de Montpellier anuló a inicios de mayo el cambio de reglamento adoptado por estos municipios –Elna, Els Banys, Tarerac, Portvendres y Sant Andreu de Sureda– que permitía utilizar el catalán siempre que después se tradujeran las intervenciones al francés. El tribunal argumenta que la lengua de la República es el francés, como establece el artículo 2 de su Constitución, pero abre la puerta, de forma implícita, a hablar primero en francés y efectuar después la traducción al catalán. La resolución, que será recurrida ante el Tribunal de Apelación de Toulouse, confirma la jurisprudencia francesa.

La 'consellera' Vilagrà, en este contexto, trasladó a los cinco alcaldes afectados el respaldo de la Generalitat en su “necesaria lucha” en defensa del catalán en los plenos. Una actitud loable, más allá de que puede ser considerada por Francia como una intromisión en su política interna. Tal vez consciente de ello, Vilagrà se mantuvo fiel al ‘relato’ procesista: no dirigió sus críticas contra Francia sino contra España: “Esperemos que el Estado francés no siga los pasos del Estado español judicializando la política y la lengua”. El Estado español, en materia de pluralidad lingüística está a años luz de Francia, un país que exportó al mundo el lema de la República –‘Libertad, igualdad, fraternidad’–, pero que tiene en la diversidad su asignatura pendiente.

La ‘consellera’ de Presidència se desplaza a Elna para defender el uso del catalán mientras olvida también otro dato: Perpinyà tiene desde 2020 un alcalde lepenista

La cuestión lingüística es solo un aspecto de la cuestión nuclear: la Constitución de la Quinta República (1958) no solo consagra el francés como “la lengua de la República”, sino que su preámbulo se inicia con la expresión el “pueblo francés”, depositario de la soberanía: “Ninguna sección del pueblo” puede atribuirse su ejercicio (artículo 3). El Consejo Constitucional enmendó en 1991 el llamado Estatuto Joxe para Córcega, impulsado por el ministro socialista Pierre Joxe, que hablaba de “pueblo corso”, porque era “contrario a la Constitución, la cual solo reconoce el pueblo francés, compuesto de todos los ciudadanos franceses sin distinción de origen, de raza o de religión”.

Desde esta óptica, más allá de las buenas o malas intenciones, la Constitución española de 1978 –a diferencia de la francesa– proclama en su preámbulo la voluntad de “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”, reconoce en su artículo 2 “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” y define en su artículo 3 al castellano como “lengua española oficial”, pero reconoce que “las otras lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos”.

En resumen, en materia de diversidad lingüística y de pluralidad territorial, el llamado ‘régimen del 78’ de España va mucho más allá que la República francesa. La 'consellera' Vilagrà ha caído en el mismo error que cometió el 'president' Aragonès en la última cumbre hispano-francesa de Barcelona cuando pidió el aval de la oficialidad del catalán en Europa y se olvidó de pedirla en Francia. El ‘relato’ procesista dibuja una realidad paralela; también en materia de lengua: ya quisieran para sí las escuelas de la Catalunya francesa que se les impusiera un 25% de catalán y un 75% de francés (la ecuación inversa de la judicialización de la política y la lengua en España que criticaba Vilagrà en Elna).

Este déficit francés, en el plano autonómico, no está en la diana del Govern de la Generalitat. Su 'consellera' de Presidència se desplaza a Pirineos Orientales en plena campaña municipal catalana mientras olvida también otro dato: Perpinyà, la capital de la llamada ‘Catalunya Nord’, tiene desde las municipales de 2020 un alcalde lepenista. ‘Je ne comprends pas’.

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