Los editoriales están elaborados por el equipo de Opinión de El Periódico y la dirección editorial
Editorial
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#MeToo en las aulas, asoma el iceberg
Es necesario establecer un protocolo común contra el acoso sexual y laboral para todas las universidades
Más de 150 expedientes académicos por acoso sexual y laboral en los centros, al menos 28 profesores e investigadores sancionados por acoso y, como mínimo, cinco casos en espera de resolución. Hasta aquí los datos de las universidades catalanas en los últimos cinco años. Según los expertos, tan solo la punta del iceberg. Se calcula que el 90% de los casos no llegan a denunciarse.
Un reportaje publicado por este diario en enero de 2022 puso el foco. Más de 25 profesoras e investigadoras de universidades públicas españolas rompieron su silencio para denunciar el acoso y la violencia machista que habían sufrido en la institución. Durante estos meses, EL PERIÓDICO ha seguido ahondando en la denuncia y atestiguando los avances en el combate de esta lacra.
La ofensiva se está abordando desde múltiples ámbitos. Comenzando por la creación de la Oficina Española de Integridad en la Investigación, una red de profesionales que reúne, entre otros, a víctimas de acoso en la universidad y ofrece asesoría a jóvenes investigadores. Hasta las propias universidades, que han empezado a diseñar protocolos y servicios específicos o la Administración que está trabajando en establecer marcos legales (como la nueva ley de ciencia) para reaccionar adecuadamente. Crece la voluntad de acabar con un silencio de vergüenza, aunque no se detecta la misma firmeza en todas las instituciones.
Este diario ha contactado con todas las universidades catalanas para conocer el número de expedientes abiertos en los últimos cinco años por acoso sexual, acoso laboral, discriminación de género, racismo y LGTBI-fobia. Un total de diez centros, tanto públicos como privados, han proporcionado los datos. La premura o tardanza en la respuesta, los diferentes parámetros tenidos en cuenta por cada institución, así como la escasa información sobre las sanciones impuestas exponen la necesidad de establecer un protocolo común de actuación. En una institución de tanta relevancia como la universitaria debería ser prioritario la precisión en la definición del problema y en su resolución. Llama la atención la divergencia de datos facilitados por las universidades. Así, la Universitat Ramon Llull y la Universitat Internacional de Catalunya, ambas privadas, son las que informan de menos casos. Dos de acoso sexual en la primera institución, y un único expediente en la segunda.
Como en una moviola sin fin, los nuevos testimonios de investigadoras y académicas que se han sumado a la denuncia siguen evidenciando unos protocolos más diseñados para proteger a los acosadores que a las víctimas, así como el estigma y la marginación que sufren quienes se animan a señalar. A pesar de ello, hay coincidencia en que el acoso ya no es un tema tabú y que la impunidad empieza a resquebrajarse.
La universidad forma parte de la sociedad y lo que ocurre en ella no deja de ser un reflejo de lo que sucede en empresas, asociaciones y otras instituciones, pero hay ciertos elementos que conforman un hábitat propio que propicia y tiende a perpetuar el acoso. Desde las estructuras de un severo carácter jerárquico, hasta la precarización de las nuevas generaciones o el prestigio de figuras relevantes a las que se les ha reverenciado por encima de su talla humana y se les han tolerado conductas abusivas de todo tipo. El iceberg del acoso se asienta en los propios cimientos de la institución, queda mucho por desvelar y reparar.
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